Las defensas de los cinco acusados por el presunto intento de soborno a una ex edil de Camas solicitaron ayer la nulidad de la principal prueba de cargo, las escuchas telefónicas. Consideran que el auto que las autorizó "no está motivado". El fiscal admitió que era "mejorable", pero defendió su legalidad.
"Nulidad del auto y de todas las consecuencias procesales y pruebas derivadas de la intervención telefónica". Ésta era la solicitud que planteaba ayer el letrado del ex alcalde de Camas (IU), Agustín Pavón, en la vista celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia para debatir los recursos presentados, entre ellos, el auto que el 8 de septiembre de 2005 autorizó a la Policía Nacional a llevar a cabo las escuchas telefónicas. En la causa están acusados, además del ex alcalde, los ex ediles del PP Antonio Enrique Fraile y Aureliano Lucas, y el del PA José del Castillo, y el empresario Eusebio Gaviño, para los que el fiscal pide un año y medio de prisión.
El abogado de Pavón, José María Calero, aseveró que dicho auto "es nulo de pleno derecho", pues dijo que se dictó "el mismo día que se denunció a la Policía el posible cohecho, sin más investigación". Además, recordó que el juzgado "no dispone de las cintas originales e íntegras", como exige la ley.
En este sentido, el letrado de los ex concejales del PP, Pedro Pérez Montero, apeló al "principio de excepcionalidad" de estas medidas, insistiendo en que un juez "no puede tener fe ciega en lo que le diga la Policía".
En esta misma línea, se expresó el abogado de Gaviño, José Manuel García Quílez, que afirmó que los pinchazos "se autorizan después de que se cometa el supuesto delito y no antes", recordando además que se trata de medidas "para delitos de gravedad".
Por su parte, el fiscal admitió que el auto "es manifiestamente mejorable", si bien dijo que se dictó tras una "denuncia detallada" y que "se complementa con la investigación policial" que desencadenó.
