Una madre sevillana ha pedido la revisión del procedimiento judicial por el que en 2009 perdió la custodia de su hija de diez años en favor de su ex pareja, sobre el que pesa una condena por maltrato, al entender que este hecho se produjo por un "error judicial" y con el fin de que éste se subsane y la tutela de la menor sea devuelta a la madre.
Según explicó en rueda de prensa el abogado de la madre, Manuel Martos, la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad sevillana de Dos Hermanas de entregar la custodia de la niña al padre, condenado a un año y nueve meses por maltrato, al considerar que la mujer había incumplido el régimen de visitas establecido por su ex pareja, se produjo por una "mala interpretación" de los informes psicosociales y de la legislación.
Así, el letrado indicó que haciendo una "amplia interpretación" de la normativa la jueza entendió que al no producirse el maltrato del padre sobre la niña sino sobre su mujer, le podía entregar la custodia de la menor, a pesar de que, al contar éste con una condena por maltrato, estaba vulnerando el Código Civil.
Tal y como recordó, éste, en su artículo 97, establece expresamente que "no procederá la guarda cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral e indemnidad sexual del otro cónyuge".
Además, defendió que el incumplimiento del régimen de visitas que se alegó para retirarle la custodia de la menor se produjo porque su ex pareja se "retrasaba continuamente en la entrega en el juzgado de los cuadrantes que fijaban la hora de las visitas para la madre en un Punto de Encuentro establecido", por lo que según dijo, "no sabía exactamente cuando le tocaba ver a la niña".
Recordó, asimismo, que el padre la acusó de sufrir trastorno bipolar, algo que, aseguró, "no ha podido ser acreditado", y de ejercer sobre la niña el denominado Síndrome de Alineación Parental contra su progenitor, cuando este fenómeno "no existe tal y como han venido a demostrar numerosos informes".
"Desde entonces, la madre de la menor, María Salmerón, se ha visto inmersa en un embrollo jurídico en el que cualquier actuación que realiza está siempre bajo sospecha", señaló Martos, quien indicó que, ha sido en 2009, diez años después de que se emitiera la sentencia de divorcio, cuando el Ministerio Fiscal "ha empezado a adoptar una postura favorable y se ha dado cuenta de que en este maremagno judicial existe una niña de diez años que está sufriendo y a la que hay que procurar darle estabilidad".
Así, dijo que el 29 de abril la Fiscalía de Dos Hermanas solicitó la ejecución provisional de la sentencia de divorcio, a pesar de que está recurrida ante la Audiencia Provincial. De este modo, el Ministerio Público pidió la ampliación del régimen de visitas para María, que hasta el momento está establecido en los lunes, miércoles y viernes de 18, a 20,00 horas.
Pero, diez días después de haberlo admitido, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Dos Hermanas lo suspendió al presentar el ex marido de María una declinatoria.
"CASTIGADA POR DENUNCIAR"
Por su parte, María lamentó el "sufrimiento que desde hace diez años" está viviendo ella por el "acoso y ensañamiento judicial" que está padeciendo y, sobre todo, su hija, algo que "no sabemos como le pasará factura". A este respecto, afirmó que, en los últimos tiempos, la menor cuenta que "está siendo amenaza por el padre para que no cuente nada de lo que sucede cuando está con él".
Asimismo, lamentó que con su sueldo, "no puede hacer frente" a los 360 euros de pensión que tiene que pasarle al padre y por cuyo impago está inmersa en un proceso penal. "Estoy embargada y arruinada a causa de todos los procedimientos judiciales, tanto civiles como penales, a los que me he tenido que venir enfrentando desde hace diez años", señaló.
Insistió en que es "inconcebible" que una persona condenada por maltrato "pueda tener la custodia de sus hijos", afirmando que "con la pérdida de la tutela de su hija se le ha castigado por denunciar malos tratos".
PUNTOS DE ENCUENTRO
Por otro lado, el abogado criticó el funcionamiento de los Puntos de Encuentro, diciendo que "no están profesionalizados ni dotados de los medios técnicos y humanos necesarios", con lo que al final estos dispositivos "acaban complicando aún más si cabe la vida de las familias".
En este sentido, la madre informó de que ha enviado varias quejas sobre este extremo al Defensor del Pueblo Andaluz, en las que lamenta la "terapia de la amenaza" que se practica en estos centros, así como los "informes sesgados que se elaboran".
Asimismo, lamentó que al cerrar este dispositivo los lunes, pierde dos horas de visita a su hija, algo que ha reclamado y que el juzgado se ha opuesto a solucionar puesto que, según dice, "supone una modificación de las medidas adoptadas".
