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Piden la revisión de un caso en el que se dio la custodia de una niña a un condenado por maltrato

el 30 jun 2010 / 13:55 h.

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Una madre sevillana ha pedido la revisión del procedimiento  judicial por el que en 2009 perdió la custodia de su hija de diez  años en favor de su ex pareja, sobre el que pesa una condena por  maltrato, al entender que este hecho se produjo por un "error  judicial" y con el fin de que éste se subsane y la tutela de la menor  sea devuelta a la madre.

Según explicó en rueda de prensa el abogado de la madre, Manuel  Martos, la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  número 2 de la localidad sevillana de Dos Hermanas de entregar la  custodia de la niña al padre, condenado a un año y nueve meses por  maltrato, al considerar que la mujer había incumplido el régimen de  visitas establecido por su ex pareja, se produjo por una "mala  interpretación" de los informes psicosociales y de la legislación.

Así, el letrado indicó que haciendo una "amplia interpretación" de  la normativa la jueza entendió que al no producirse el maltrato del  padre sobre la niña sino sobre su mujer, le podía entregar la  custodia de la menor, a pesar de que, al contar éste con una condena  por maltrato, estaba vulnerando el Código Civil.

Tal y como recordó, éste, en su artículo 97, establece  expresamente que "no procederá la guarda cuando cualquiera de los  padres esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida,  integridad física, libertad, integridad moral e indemnidad sexual del  otro cónyuge".

Además, defendió que el incumplimiento del régimen de visitas que  se alegó para retirarle la custodia de la menor se produjo porque su  ex pareja se "retrasaba continuamente en la entrega en el juzgado de  los cuadrantes que fijaban la hora de las visitas para la madre en un  Punto de Encuentro establecido", por lo que según dijo, "no sabía  exactamente cuando le tocaba ver a la niña".

Recordó, asimismo, que el padre la acusó de sufrir trastorno  bipolar, algo que, aseguró, "no ha podido ser acreditado", y de  ejercer sobre la niña el denominado Síndrome de Alineación Parental  contra su progenitor, cuando este fenómeno "no existe tal y como han  venido a demostrar numerosos informes".

"Desde entonces, la madre de la menor, María Salmerón, se ha visto  inmersa en un embrollo jurídico en el que cualquier actuación que  realiza está siempre bajo sospecha", señaló Martos, quien indicó que,  ha sido en 2009, diez años después de que se emitiera la sentencia de  divorcio, cuando el Ministerio Fiscal "ha empezado a adoptar una  postura favorable y se ha dado cuenta de que en este maremagno  judicial existe una niña de diez años que está sufriendo y a la que  hay que procurar darle estabilidad".

Así, dijo que el 29 de abril la Fiscalía de Dos Hermanas solicitó  la ejecución provisional de la sentencia de divorcio, a pesar de que   está recurrida ante la Audiencia Provincial. De este modo, el  Ministerio Público pidió la ampliación del régimen de visitas para  María, que hasta el momento está establecido en los lunes, miércoles  y viernes de 18, a 20,00 horas.

Pero, diez días después de haberlo admitido, el Juzgado de Primera  Instancia número 1 de Dos Hermanas lo suspendió al presentar el ex  marido de María una declinatoria.  

"CASTIGADA POR DENUNCIAR"

Por su parte, María lamentó el "sufrimiento que desde hace diez  años" está viviendo ella por el "acoso y ensañamiento judicial" que  está padeciendo y, sobre todo, su hija, algo que "no sabemos como le  pasará factura". A este respecto, afirmó que, en los últimos tiempos,  la menor cuenta que "está siendo amenaza por el padre para que no  cuente nada de lo que sucede cuando está con él".

Asimismo, lamentó que con su sueldo, "no puede hacer frente" a los  360 euros de pensión que tiene que pasarle al padre y por cuyo impago  está inmersa en un proceso penal. "Estoy embargada y arruinada a  causa de todos los procedimientos judiciales, tanto civiles como  penales, a los que me he tenido que venir enfrentando desde hace diez  años", señaló.

Insistió en que es "inconcebible" que una persona condenada por  maltrato "pueda tener la custodia de sus hijos", afirmando que "con  la pérdida de la tutela de su hija se le ha castigado por denunciar  malos tratos".

PUNTOS DE ENCUENTRO

Por otro lado, el abogado criticó el funcionamiento de los Puntos  de Encuentro, diciendo que "no están profesionalizados ni dotados de  los medios técnicos y humanos necesarios", con lo que al final estos  dispositivos "acaban complicando aún más si cabe la vida de las  familias".

En este sentido, la madre informó de que ha enviado varias quejas  sobre este extremo al Defensor del Pueblo Andaluz, en las que lamenta  la "terapia de la amenaza" que se practica en estos centros, así como  los "informes sesgados que se elaboran".  

Asimismo, lamentó que al cerrar este dispositivo los lunes, pierde  dos horas de visita a su hija, algo que ha reclamado y que el juzgado  se ha opuesto a solucionar puesto que, según dice, "supone una  modificación de las medidas adoptadas".


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