En el anteproyecto de Ley sobre prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo que prepara el gobierno, se ha decidido a última hora obligar a los bancos a una vigilancia especial de los políticos sobre sus cuentas corrientes y operaciones financieras. Se prevé, además, la creación de un fichero específico con sus datos identificativos, permitiendo su consulta por otras entidades. Y ello, sin necesidad de que lo sepan los afectados. En realidad, se ha aprovechado la transposición de un Directiva para incluir esta vigilancia a los que nos deben gobernar según los cánones de la honestidad y la defensa del bien público.
Si trascendemos el puro hecho normativo y nos adentramos en la lógica que subyace en la propuesta del gobierno, esta supone, de entrada, el reconocimiento del fracaso del sistema, de la democracia que nos hemos construido para repeler los comportamientos corruptos de algunos políticos. Es el fracaso, primero, de la ciudadanía que no ejerce el control de la moralidad de los políticos que ha elegido. Así, hemos podido comprobar cómo alcaldes imputados han sido revalidados en las últimas elecciones municipales, y algunos aún con más apoyo popular. Aunque, para ser exactos, han sido los del Partido Popular los que han salido mejor parados. Igual ocurre con el señor Fabra, que también ha repetido en el cargo, y se jacta públicamente del número de familiares y amigos que ha contratado, además de las cuentas que tiene pendientes con la justicia; y ni qué decir de los actos de apoyo de los vecinos cuando su regidor es detenido.
Fracaso, en segundo lugar, de los partidos políticos que han renunciado a su compromiso con la moralidad de sus afiliados, encerrándose en una defensa numantina de los "suyos" cuando surgen evidencias de irregularidades en su acción política. En una interesada confusión de su papel con el de los tribunales, se escudan en estos últimos para no adoptar medidas en contra de los corruptos. Si el control de la moralidad de los políticos tiene que expresarse únicamente mediante sentencias condenatorias no se entiende qué papel juegan los partidos en la construcción de la moral colectiva. Todos sabemos que el que no se haya podido demostrar que se ha cometido un delito no implica necesariamente que éste no se haya realizado. La garantía que en este sentido exige el derecho penal no puede servir de coartada para comportamientos moralmente reprobables en sí mismos.
En este sentido, difícilmente se puede justificar que los trajes que le han regalado al señor Camps, según factura aportada al sumario, responden a un gesto de amistad o de generosidad de un grupo de empresas cuyos responsables están imputados: más bien se puede pensar lo contrario, que son gestos de reciprocidad por algo que han recibido o esperan recibir. Sorprenden igualmente las intervenciones del señor Rajoy en defensa del anterior o del señor Bárcenas, aunque, sus gestos le traicionan como se puede comprobar en su boca contraída que se tuerce y en los ojos que le saltan de las órbitas cuando afirma su inocencia.
Y para arreglar estas deficiencias sumamente graves se encomienda a entidades privadas, en este caso los bancos, que ejerzan las funciones de control a las que hemos renunciado, declarando presuntamente culpables a todos los políticos.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide
