La inflación legislativa es un fenómeno generalizado hoy en España y en los países de nuestro entorno político y jurídico y se traduce no solo en un número excesivo de leyes, sino también en su extensión y complejidad. La realidad del fenómeno se puede constatar con el simple examen de cualquier colección legislativa de los últimos años y se comprobará el creciente y continuado incremento de su volumen. Por ello, es normal que los participantes en cualquier oposición de naturaleza jurídica se vean obligados a transportar los textos legales en maletas, cuando en mi época bastaban los dos tomos en papel biblia del clásico Medina y Marañón.
La superproducción legislativa obedece a causas muy diversas. La complejidad de las relaciones sociales y su evolución, con la aparición de nuevas situaciones hasta ahora desconocidas o imprevistas, exige del legislador una actitud vigilante y le impone una reacción adecuada para evitar el vacío normativo, la conflictividad social o el abuso de la posición dominante que puedan tener en la sociedad personas o instituciones. Atención especial requiere la aparición de nuevas y sofisticadas formas de delincuencia y su represión, debiéndose tener siempre en cuenta la defensa y protección de los derechos humanos.
Pero la inflación legislativa tiene también otras causas, algunas de carácter institucional. La integración de España en la UE y el Estado de las Autonomías han originado la aparición de nuevas instancias legisladoras, además de las Cortes Generales. Esta multiplicidad de fuentes normativas y la creciente tecnificación de las leyes dificultan su conocimiento y asimilación por los operadores jurídicos y de ahí que se tienda a la especialización con los graves riesgos que ello comporta.
Pero la situación se agrava aún más con la alternancia en las responsabilidades de gobierno. Cada vez que hay un cambio político, se produce una revisión de la política legislativa del Gobierno anterior, mediante la aprobación de nuevas leyes que introducen innovaciones o soluciones contrarias a la situación precedente. Consecuencia de esta forma de actuar, además de los costes económicos que el cambio pueda entrañar, es el aumento de la inseguridad jurídica y, como consecuencia, de la conflictividad judicial. Por ello, dada la trascendencia de esta y otras cuestiones, los partidos mayoritarios deberían consensuar el contenido esencial de la normativa sobre materias como educación, urbanismo, emigración? y evitar la sensación de inseguridad y desconfianza.
Al exceso legislativo habría que añadir la mala calidad técnica de algunas leyes, derivada de la improvisación y de las prisas en su propuesta y aprobación. No se puede legislar a remolque de acontecimientos por mucha que sea su trascendencia social o a iniciativa de los medios de comunicación. Los poderes públicos, como garantes del ordenamiento jurídico y responsable de su certeza, coherencia y racionalidad, deben asumir la tarea de su mejora y perfeccionamiento técnicos, como base indispensable de la paz social y la seguridad jurídica.
