Jacinto Cañete, exdirector general de IDEA, tampoco se ha despegado de las tesis de su antecesor en el cargo y de los exconsejeros de Innovación que han pasado por la comisión de los ERE en el Parlamento andaluz. Cañete ha defendido hoy que IDEA actuaba "bajo el imperio de la ley" y que se limitaba a materializar los pagos en función de un convenio suscrito con la Consejería de Empleo, "sin participación en los procedimientos administrativos cuestionados ni en la génesis de los mismos". La teoría es siempre la misma: IDEA actuaba como una mera caja pagadora. "Los expedientes estaban en Empleo, es allí donde tienen que preguntar".
"No había tenido indicios ni voz de alarma", no había "ni atisbo ni presunción de irregularidad", repitió machaconamente Cañete a lo largo de su comparecencia en el Parlamento. Sobre los informes de la Intervención General (hubo hasta 15 avisos), que alertaron sobre los procedimientos y sobre los desajustes presupuestarios, el exdirector general de IDEA insistió en que las únicas reuniones que mantuvo con la Consejería de Empleo "únicamente" se habló del Presupuesto. Cañete admitió que los desequilibrios en la caja originados por los pagos a Empleo provocaban desajustes que bloqueaban las cuentas "y eso frenaba nuestra posibilidad para hacer otras cosas". Punto. Nunca se miró más allá pese a la responsabilidad política que se le presupone al alto cargo, según lamentaron al unísono PP e IU.
El PP interpeló al exdirector general de IDEA sobre un supuesto mail del entonces directivo de IDEA, Antonio Diz-Lois (que también ha pasado por esta comisión), donde advierte del pago de una ayuda de 2,4 millones de euros a la empresa Dhul, del holding Nueva Rumasa, sin pasar por Consejo de Gobierno. Cañete ha asegurado que el criterio técnico seguido por los servicios jurídicos era contemplar esas subvenciones como "ayudas individuales y no por su suma total".
La polémica más dura ha surgido porque el PP, después también IU, ha señalado a Cañete como "cooperador necesario" de una supuesta trama, al consentir que se pagaran las ayudas presuntamente ilegales concedidas por Empleo. Ante las advertencias del compareciente por la supuesta gravedad de la acusación, los partidos han asegurado que se trataba de una acusación "en términos políticos". El compareciente ha mostrado su "asombro por cómo se trata un tema tan serio como éste".
