La Junta tiene en marcha un plan inédito en España de rescate de empresas que permitirá prestar a firmas andaluzas hasta 10 millones de euros para que afronten la crisis. PP e IU exigieron que este plan, con un componente discrecional muy importante, quede bajo el control del Parlamento.
El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, compareció en el Parlamento para explicar las medidas en marcha contra la difícil coyuntura económica. La más novedosa, con 87 millones, es el plan de salvamento de empresas viables pero tocadas por la crisis, a las que la Junta está dispuesta a prestar dinero como si fuera un banco.
Estos préstamos, dirigidos sobre todo a las pymes pero que también -previa autorización de la UE- podrán cubrir a grandes empresas, deberán ir acompañados de un plan de reestructuración, tener el visto bueno de los trabajadores y superar una serie de controles. Una comisión de seguimiento, integrada por sindicatos y patronal, analizará cada tres meses las ayudas concedidas.
Quién elige. Para la oposición estos controles son insuficientes. ¿Quién elige las empresas? ¿Por qué sí ayudar a que se salven unas y no otras? Tanto el portavoz de IU, Pedro Vaquero, como la del PP, Ana María Rico, exigieron que estos préstamos queden bajo el control del Parlamento y que sea una comisión de expertos la que los autorice. El consejero de Innovación se opuso. "No conozco ni un solo caso en el que la oposición no haya aprovechado cualquier oportunidad para intentar dinamitar al Gobierno", alegó para negarse a que en este delicado terreno intervenga el Parlamento. Admitió que la concesión de esas ayudas tiene "un elemento discrecional relativamente importante" pero defendió que es al Gobierno al que corresponde elegir y tomar decisiones "de tan elevada responsabilidad" cuando "lo fácil sería lavarse las manos". Vallejo recriminó al líder del PP-A, Javier Arenas, que "hable de ayudas para los amiguetes del Gobierno". "¿No sé si estará pensando en Baleares?", ironizó.
IU mostró su preocupación por que al salvar a empresas de la construcción "se eche el dinero en saco roto para el futuro". Vallejo defendió que las constructoras tienen que llevar sus negocios al Este de Europa y Latinoamérica y diversificarse, apostando, por ejemplo, por las energías renovables, para sobrevivir. "Lo que sí se va a destruir es parte del sector inmobiliario", admitió. Vallejo avanzó que la Junta ha consensuado con sindicatos y empresarios una modificación de la orden de incentivos, dotada de 2007 a 2009 con 1.000 millones, para adaptarse a la crisis. Las ayudas directas quedarán en segundo plano y se fomentarán las ayudas financieras, garantizando préstamos a largo y medio plazo y eliminando el tope ahora fijado en 600.000 euros.
