Después de que el PSOE vetara la comisión de investigación en el Parlamento sobre el caso de los ERE irregulares pagados con fondos públicos, PP e IU exigieron al unísono a la Junta que cuando acabe sus pesquisas internas -que concluirán esta semana- las envíe "inmediatamente" a la Cámara para que los grupos cuenten con toda la información.
El Gobierno andaluz anunció el martes que remitirá esos datos a los tribunales, pero para la oposición no es suficiente. La presunta trama de falsas prejubilaciones calentó ayer el pleno del Parlamento y volverá a hacerlo hoy, cuando se debatirá de nuevo la creación de una comisión de investigación.
PP e IU han registrado un escrito en la Cámara en el que solicitan al Ejecutivo, vía artículo 7 del Reglamento del Parlamento, que les remita su informe interno sobre un asunto que ha puesto en jaque el sistema de reparto de ayudas públicas a empresas en crisis y trabajadores desde 2001 a 2009. IU también pedirá que se envíe la documentación a la Cámara de Cuentas.
Este caso, del que cada día se conocen nuevos datos -ya hay 42 falsos prejubilados detectados, entre ellos ocho socialistas- volverá a centrar hoy el pleno. Ayer la oposición aprovechó la comparecencia del consejero de Economía, Antonio Ávila, que hizo un balance de los incentivos a empresas en 2010, para sacar toda su artillería.
Especialmente dura fue la portavoz popular, Esperanza Oña, que aseguró que "todos los socialistas están implicados en la mayor trama de corrupción de la Junta". Culpó al Gobierno andaluz de elegir el "camino tortuoso de la mentira", de "sectarismo" por dar las ayudas "sin control ni publicidad" sólo a "empresas amigas", y exigió responsabilidades a los anteriores consejeros de Empleo -pidió la dimisión de José Antonio Viera-.
El socialista Antonio Núñez le replicó que el PP está empeñado en "buscar Gürteles en Andalucía y no los hay". Puso el foco en la imputación de Francisco Camps, candidato en Valencia, y tildó de "fascista" la actitud de lanzar "sospechas generalizadas" sin respetar la presunción de inocencia. Ávila, que intervino sin casi presencia del Consejo de Gobierno en el salón de plenos, negó que en la Junta "anide la corrupción". "Sólo decirlo es algo impresentable", denunció.
Desde IU, Pedro Vaquero le preguntó qué ha cambiado en el sistema de reparto de ayudas a empresas y si se está controlando ahora mejor el dinero público que se ha gastado "con dudosa legalidad".Mientras, el PP insiste en responsabilizar del fraude a los consejeros de Empleo durante la etapa investigada, los socialistas siguen defendiendo su gestión.
El portavoz parlamentario, Mario Jiménez, recordó ayer que "nadie ha acusado" a Antonio Fernández y "si alguien lo hiciera, lo haría en falso". Jiménez afirmó que no existe "ningún elemento, circunstancia, acto o documentación desde la que hacer ningún tipo de acusación contra Fernández". Por su parte, la empresa en la que trabajaba el ex consejero de Empleo, la bodeguera González Byass, defendió que ha cumplido "rigurosamente" la legalidad en el ERE que llevó a cabo en 2008, y explicó que la excedencia forzosa de Fernández unido a edad motivó su inclusión en el ERE "en las mismas condiciones que el resto".
