PP y sindicatos de funcionarios dejaron ayer claro que el frente judicial y la movilización social contra la reordenación del sector público emprendida por la Junta siguen más vivos que nunca.
El Tribunal Constitucional (TC)ha admitido a trámite los recursos de PP y Safja contra el decreto-ley de julio, derogado el pasado viernes con la publicación en el BOJA de un nuevo texto que incorpora cambios acordados con UGT y CCOO y que se tramitará en el Parlamento como Proyecto de Ley, aunque ya está en vigor. Pese a ello, el Constitucional puede seguir adelante y sentar jurisprudencia, según explicó ayer el líder popular, Javier Arenas. Pero si finalmente desestima las denuncias, tanto PP como Safja dejaron claro que volverán a llevar el nuevo decreto al juez.
Las modificaciones introducidas no han contentado ni a la oposición ni a los sindicatos de funcionarios, que ven ambos textos muy semejantes y exigen la derogación total. Su rechazo se basa en que consideran vulnerados derechos de los funcionarios y que se abre una puerta de acceso a la administración, sin opositar, a 25.000 trabajadores de las 111 empresas públicas fusionadas o absorbidas en una decena de agencias.
El PP combinará el frente judicial con su participación en la tramitación parlamentaria abierta por la Junta. Presentará enmiendas al Proyecto de Ley en las que pedirá "más profesionalización, menos personal político y fortalecer la función pública". Sólo si durante el debate el Gobierno logra el consenso "con todos los sindicatos" renunciará a los tribunales (el plazo para recurrir el nuevo texto expira el 26 de febrero). Desde la Junta, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, defendió el cauce abierto en la Cámara y alegó que "es el momento de los diputados y no de los abogados" si realmente hay voluntad negociadora.
Por su parte Safja mantiene las movilizaciones en la calle y ayer mismo reunió a cientos de trabajadores ante el edificio Torretriana, sede de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Este sindicato apeló al TC por la vía del recurso de amparo por violación de derechos fundamentales, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se inhibiera en el conflicto al considerarlo fuera de sus competencias.
El resto de sindicatos también recurrió al TSJA pero aún están a la espera de respuesta. CSIF no descarta seguir el ejemplo de Safja si la vía del Constitucional prospera, mientras prepara su próxima cita en la calle:cadenas humanas en torno a edificios emblemáticos como el Palacio de San Telmo el día 9.
CCOO y UGT también presentaron recursos al TSJA y si inicialmente anunciaron que los retirarían cuando vieran los cambios pactados publicados en el BOJA, ayer matizaron que esperarán a ver el resultado del trámite parlamentario.
El Proyecto de Ley acaba de ser registrado en la Cámara pero la reordenación del sector público lleva meses acaparando el debate parlamentario. Ayer, IU interpeló sobre el tema a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
Aguayo insistió en que el Gobierno tiene potestad para decidir cómo organiza su administración, pese a lo cual ha abierto al debate ante las "dudas" e "inquietudes" generadas en los funcionarios por lo que calificó como "una burda manipulación" y una "campaña de intoxicación" sobre el contenido del texto de la que culpó a "sectores conservadores" (evitó mencionar al PP).
El diputado de IU, Pedro Vaquero, le afeó que simplifique así el rechazo masivo de un colectivo "tan heterogéneo como el de los funcionarios que no se movilizó tanto ni cuando les recortaron el sueldo ni cuando fue convocado a un paro general por los sindicatos mayoritarios" y señaló que el decreto ha sido "la gota" que ha agotado su paciencia tras años de ver cómo la Junta externalizaba servicios públicos, a veces a costa de vaciar de funciones a la administración, y crecían las empresas públicas con personal contratado mientras se reducía la oferta de empleo público.
Pero Aguayo insistió en que tras las protestas hay una campaña "para desastibilizar al Gobierno" por parte de quienes "buscan desprestigiar lo público" y que encuentra su caldo de cultivo en "un clima de malestar" que vinculó, sobre todo, con el recorte salarial.
Cuando IU cuestionó si realmente habrá diálogo o el PSOE aplicará su "rodillo", la consejera mostró disposición a negociar pero aclaró que "dos no hablan si uno no quiere" y arremetió contra "sindicatos minoritarios que no han querido negociar por intereses que van más allá de representar a los trabajadores".
