La ley que reforma los ayuntamientos, una de las grandes normas del Gobierno de Mariano Rajoy, salvó el pasado jueves su primer trámite en el Congreso y ha desatado una auténtica batalla política en Andalucía, donde PSOE e IU, aliados en la Junta, han advertido ya de que emplearán todas las armas, recurso al Tribunal Constitucional incluido, para frenar una norma que afecta de lleno a los municipios andaluces. El PP andaluz pasó ayer a la ofensiva y tras reunir a sus alcaldes en Jerez (Cádiz) con el número dos del Ministerio de Hacienda, responsable de la reforma, exigió al Gobierno andaluz que abandone la pancarta y pague la deuda de 400 millones de euros que, según sus cálculos, tiene con los consistorios andaluces.
La ley estatal vacía de competencias a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Estos municipios, unos 666 en Andalucía, el 80%, devolverían competencias a la comunidad en materia de sanidad, educación y servicios sociales. La norma, que para sus detractores supone modificar la arquitectura constitucional sin consenso y para sus defensores es el camino hacia una administración más eficiente y menos costosa, plantea directamente que los municipios menores de 5.000 habitantes depositen sus competencias en las Diputaciones, que saldrían reforzadas. En la actualidad, cinco de las ocho diputaciones andaluzas están en manos de los populares.
PSOE e IU denuncian que además hay un sesgo ideológico en la futura ley, que no solo aleja los servicios de los ciudadanos en los pueblos más pequeños sino que además abre la puerta para la privatización de muchos de estos servicios básicos, como la gestión del agua. Esas privatizaciones, según la Junta, podrían destruir hasta 40.000 empleos municipales en Andalucía.
El Gobierno central calcula un ahorro de 3.422 millones de euros, según el último compromiso adquirido con Bruselas, que dejarán de gastar los ayuntamientos por supresión de servicios. El resto del ahorro se centra en la eliminación de empresas municipales, las fusiones de ayuntamientos que serán voluntarias y no obligatorias como el Gobierno señaló en un principio y por la gestión integrada de servicios. Serán las Diputaciones, en el caso de los municipios de menor tamaño, las que gestionen de forma integrada y mediante macrocontratos muchos de los servicios municipales básicos que ahora mismo prestan los ayuntamientos. La izquierda no solo lamenta que eso servicios se alejarán de los ciudadanos sino que alerta de que supondrá una privatización encubierta.
Desde el PSOE andaluz, el diputado Miguel Ángel Heredia alertó ayer de que la reforma local pone en riesgo el futuro de los ayuntamientos y un tercio de las políticas sociales. Los socialistas remarcaron que uno de cada tres euros invertidos en 2012 en servicios sociales salieron de los ayuntamientos, por lo que, a su juicio, los cambios previstos son un ataque a la asistencia social y al Estado del Bienestar. La reforma, insistió Heredia, se carga los servicios sociales. Para Andalucía, según los datos manejados por el PSOE, la reforma de la administración local supone la pérdida de 4.000 plazas de residencia para mayores, que 97.000 andaluces se queden sin ayuda a domicilio o que 40.000 empleados públicos se vayan al paro. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, advirtió de que la ley podría dejar sin atención a más de 101.000 mujeres al año en Andalucía, por ser una amenaza directa a los 169 Centros Municipales de Información a las Mujeres. Estos centros, advirtió, registran una actividad fundamental en la lucha contra la violencia de género, con más de 25.000 consultas al año.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, Diego Valderas (IU), acusó al Gobierno de Rajoy de declararse insumiso ante la Constitución y el Estatuto con la reforma local. El Gobierno andaluz ha advertido de que recurrirá ante el Constitucional y advierte de que vulnera hasta 15 artículos del Estatuto de Autonomía.
El PP-A reaccionó ayer convocando una reunión de la Intermunicipal del partido en la que el dirigente Juan Ignacio Zoido reclamó a la Junta que rompa con el antimunicipalismo. Los populares defenderán esta semana en el Parlamento una iniciativa que exige al Gobierno andaluz que pague los 400 millones de euros que debe a ayuntamientos y diputaciones. De esta cantidad, 129 se deben a las capitales andaluzas, todas gobernadas por el PP. Zoido acusó a la Junta de bloquear los proyectos municipales y de dejar de invertir 850 millones de euros en partidas municipales en los dos últimos años, mientras los ayuntamientos siguen prestando el 33% de los servicios que corresponden a la Junta. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, subrayó la necesidad de endurecer los controles sobre la administración local, advirtiendo de que el 80% de las Entidades Locales Autónomas llevan años sin rendir cuentas, ni liquidar y presentar presupuestos.
