El juzgado de Morón de la Frontera ha procesado al alcalde de la localidad, Manuel Morilla (PP), y a su antecesor José Párraga (PSOE), por un delito de prevaricación urbanística al permitir, presuntamente, varias actividades industriales ilegales en un terreno no urbanizable.
En un auto al que tuvo acceso Efe, el juzgado dice que existen indicios de que ambos alcaldes, "durante sus respectivos mandatos y en el ejercicio de sus cargos, habrían estado autorizando actividades contrarias a la normativa urbanística, mediante la concesión de licencias".
En concreto, el juez les imputa haber autorizado un aparcamiento de camiones, un taller de tapicería y dos naves destinadas a taller de reparación de neumáticos de automóviles que contravenían los informes negativos que les elevaron el arquitecto técnico municipal y la secretaria del Ayuntamiento.
El juez ha dictado un auto de conclusión del sumario y de apertura de procedimiento abreviado, para lo cual da traslado de las actuaciones al fiscal y a la acusación particular para que presenten su escrito de acusación, petición de condena o, excepcionalmente, pidan la práctica de diligencias complementarias.
Morilla, reelegido para el cargo en mayo de 2007, y Párraga, que fue alcalde entre 1991 y 2003, están imputados por los delitos de prevaricación urbanística por conceder la licencia y permitir el funcionamiento de un aparcamiento de camiones en un solar catalogado como zona rústica, según denuncia de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla.
Según los vecinos afectados, se trata de un terreno rústico no urbanizable, pero Párraga y Morilla permitieron el funcionamiento del lugar como un polígono industrial, con la instalación de un taller de camiones y de varias industrias relacionadas con la automoción. En su declaración como imputados, realizada en mayo de 2007, ambos dijeron desconocer los hechos por los que están imputados y no recordar nada sobre su licencia.
Morilla y Párraga indicaron al juez que simplemente se dedicaban a firmar los documentos relativos a la concesión de licencias, sin conocer su contenido, y que no los confeccionaban. También aseguraron que nunca habían recibido ni tenido noticia del ruido generado por dicho aparcamiento de camiones, ni tenían constancia de quejas vecinales por escrito en el ayuntamiento ni de que se hubiera recogido en actas de plenos municipales.
Los propietarios del aparcamiento fueron condenados en 2006 a seis meses de cárcel.
