Andalucía cuenta con 5.600 viviendas de protección oficial (VPO) vacías, que están principalmente en manos de promotores privados y de ayuntamientos, según datos de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Para acabar con esta situación y satisfacer las necesidades de los ciudadanos andaluces que requieren de un techo bajo el que vivir, la consejera del ramo, Elena Cortés, ha propuesto que este stock de VPO se ponga en régimen de alquiler a precios asequibles y ajustados. Esta iniciativa la anunció la consejera a finales del mes de abril. Para cumplir su objetivo remitió un requerimiento a todos los promotores públicos y privados con pisos protegidos vacíos, pero la respuesta se está haciendo esperar. En este tiempo solo han atendido a la petición de la Junta poco más de la mitad de los constructores, de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y de las diputaciones a los que se les reclamó su colaboración.
La intención de Cortés era poner estos pisos deshabitados a disposición de los andaluces inscritos en los registros municipales de demandantes de viviendas, unas 100.000 personas en toda Andalucía, en el plazo de un año, pero ya han pasado casi cinco meses y casi la mitad de las entidades a las que se ha dirigido la consejería se están haciendo las remolonas para facilitar la información que se les requiere.
Los promotores y administraciones locales que se han dado más prisa en atender la petición de la Junta Fomento no ha desvelado sus nombres alegan que tienen sus promociones sin vender porque los ciudadanos demandantes de vivienda no pueden asumir el pago de un piso en régimen de compraventa o incluso de la renta del alquiler del mismo.
Pero esta excusa no es válida para la consejera porque entiende que si estas VPO se han construido con el apoyo de dinero público, estos inmuebles tienen que destinarse a residencia habitual y permanente.
Es más, según Fomento, a estas entidades se les han ofrecido soluciones para poner en alquiler su stock de viviendas vacías. Estas son el programa de Intermediación del Alquiler (PIMA), puesto en marcha a finales del año pasado, para poder poner en alquiler los pisos que ahora están en venta. En el caso de las viviendas que ya están en alquiler, la consejería ofrece convenios con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que permitan incorporar estos inmuebles al programa de cesión de pisos para el alquiler.
A estas dos medidas se une la nueva línea de ayudas al alquiler para inquilinos en situación de especial vulnerabilidad, que cuenta con una dotación económica inicial de más de 4,3 millones de euros. El objetivo es bien sencillo: facilitar el acceso de la población con ingresos limitados a viviendas gestionadas por administraciones públicas.
Con este sistema, la consejería entiende que las entidades públicas que tienen VPO cerradas las puedan sacar al mercado, puesto que la Junta será la encargada de pagar la diferencia entre el precio del alquiler estipulado y el que el inquilino pueda abonar. Asimismo, otro problema al que se le pondrá freno son los desahucios en parques de alquiler públicos de Andalucía por motivos de impago de la renta.
De todos modos, esta medida tampoco ha tenido demasiado éxitos, puesto que hasta el momento sólo han firmado este convenio 25 ayuntamientos, cuando el plazo para hacerse entidad colaboradora finaliza el 1 de octubre.
Previamente a todas estas iniciativas para favorece el acceso a la vivienda a los más necesitados, la Junta de Andalucía hace un año puso en alquiler con rentas asequibles y sin aval bancario las 638 VPO que tenía sin habitar.
En Andalucía, sin embargo, no sólo están vacías las 5.600 VPO de constructoras y administraciones públicas, hay otras 1.096 viviendas protegidas en manos de la sociedad de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) y de las grandes entidades financieras, que en opinión de la titular de Fomento, las mantienen ocultas «ilegalmente» a los registros municipales de vivienda y que también deben ofrecerse a la ciudadanía mediante alquileres asequibles. Para que estos pisos se pongan en el mercado, la consejería ha abierto procedimientos sancionadores por casi 120 millones de euros al Sareb y a varias entidades bancarias.
