El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, lanzó ayer un aviso a los usuarios de las redes sociales -Tuenti y Facebook- al alertar de la falta de privacidad en las mismas. Además, mostró su preocupación por el manejo de información personal de menores de 14 años.
Un dato más que elocuente es que hasta febrero de este año la AEPD no había recibido denuncia alguna por el por el manejo de datos de menores de 14 años, pero en el plazo de apenas un mes, se han elevado hasta 14, indicó Rallo, quien reconoció haber mantenido conversaciones con las principales redes sociales españolas -fruto de las cuales anunció recientemente un acuerdo con Tuenti-, aunque solicitó "más obligaciones" para los creadores de estos espacios, que cuentan a su entender con un diseño "deficiente" para defender la privacidad de los usuarios.
Por otra parte, explicó que las reclamaciones de los ciudadanos ante la AEPD por considerar vulnerados sus derechos a la privacidad crecieron más del 45% en 2008. La mayoría de las 2.362 denuncias tramitadas por la agencia se referían al sector de las telecomunicaciones, a las entidades financieras y a los sistemas de videovigilancia (en este caso las reclamaciones se han triplicado en un año).
Las quejas en telecomunicaciones denunciaban principalmente la recepción de spam (publicidad no deseada) telefónico, la adhesión a servicios de coste adicional sin consentimiento del cliente o las dificultades para darse de baja en algunas operadoras de telefonía.
En el sector bancario, la mayor parte de las reclamaciones se referían a la inclusión en ficheros de morosidad y a problemas de incumplimiento del deber del secreto con el cliente.
Las denuncias sobre los sistemas de videovigilancia advertían de intromisiones en la intimidad y en la privacidad de los ciudadanos en lugares privados (hoteles o tiendas) o en centros de trabajo. Como resultado de estas quejas, en 2008 la Agencia de Protección de Datos inició un 58% más de procedimientos sancionadores que un año antes y recaudó 22,6 millones de euros en multas (el 75% de ellas por sanciones graves; el 18% por leves, y el 7% por muy graves).
Rallo destacó el aumento de las infracciones cometidas por las administraciones públicas en 2008 (especialmente por la local) por aspectos tan graves como la difusión de datos personales por internet o por extravío, en la vía pública, de documentación sobre ciudadanos y sus datos.
La agencia también inició actuaciones de oficio motivadas por el hallazgo de tarjetas sanitarias de usuarios de la sanidad pública, por la filtración de documentación judicial o ficheros policiales en medios de comunicación, por la instalación de cámaras de vigilancia en colegios o por difundir imágenes de agresiones en YouTube.
En 2008, este organismo recibió 1.229 solicitudes de tutela de derechos en los que, básicamente, los ciudadanos pedían la cancelación de sus datos en los libros de bautismo (el 42% del total) en internet o en operadoras de telecomunicaciones, y la supresión de sus antecedentes policiales o historias clínicas.
Pero junto a todas las denuncias y quejas, los ciudadanos también aumentaron sus consultas (el 52% más que hace un año), principalmente para informarse de sus derechos y saber cómo se puede evitar el envío de publicidad masiva.
