Bruselas recomienda y España no tiene más remedio que cumplir. También lo hará en la materia más sensible para un Estado, su sistema de pensiones. Y para ello tendrá que modificar las reglas establecidas hace apenas un año. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo anunció ayer de pasada entre la batería de medidas que pondrá en marcha.
"Tengo la intención de llevar al Pacto de Toledo un proyecto de ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada, tal y como establece en su recomendación la Unión Europea", avanzó sin precisar más detalles sobre el contenido de esta reforma legislativa.
Los requerimientos de Bruselas en este ámbito incluyen la aceleración de la entrada en vigor del retraso en la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años. En principio, según la última reforma de pensiones, la edad empezaba a retrasarse de manera progresiva a partir del 1 de enero de 2013, pero los 67 años no entraban en vigor hasta 2027 para aquellos que tuvieran cotizados menos de 38 años y seis meses.
El factor de sostenibilidad al que se refiere Rajoy establece la revisión del sistema cada cinco años en función de los cambios en la esperanza de vida para que la Seguridad Social mantenga el equilibrio en sus cuentas. "A partir de 2027, los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027", reza el texto de la ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 2 de agosto de 2011.
La segunda referencia expresa del presidente del Gobierno alude directamente a la jubilación anticipada. Según la reforma de 2011, es posible acogerse a ese supuesto con 61 años y sin ningún tipo de penalización si se cuenta con 35 años cotizados hasta 2013. No obstante, a partir de ese año una prejubilación con 63 años sería posible pero se penaliza para desincentivarla, salvo que se trate de empresas en situación de crisis.
La Comisión Europea siempre ha defendido que la reforma aprobada en 2011 es un "paso importante" pero insuficiente.
Ese cambio normativo implicaba, además de las cuestiones ya mencionadas, otras que redundan directamente en la reducción de la cuantía a percibir por el pensionista. Y es que entonces se aprobó ampliar en diez años el periodo para calcular la pensión, que pasó de 15 a 25. Al aumentar este periodo, se rebaja la prestación, puesto que es en los últimos años de vida laboral en los que se alcanza, por regla general, las cotas más altas de cotización. Los sindicatos cifraron en su día en un 20% el perjuicio para el futuro pensionista.
PODER ADQUISITIVO
Aunque podría decirse que la única promesa cumplida por este Gobierno ha sido la de no recortar las pensiones, que se revalorizaron un 1% en enero pasado, lo cierto es que se trata de una verdad a medias, que solo se sostiene en la teoría, puesto que la subida del IRPF desde febrero, la incorporación del copago farmacéutico y el alza del IVA son ejemplos de cómo, de forma indirecta, los pensionistas están viendo menguar su poder adquisitivo.
El Gobierno sustentará sus cambios en que hay que asegurar la sostenibilidad de un sistema que se tambalea por el cada vez más creciente número de parados y, como consecuencia, menor número de cotizantes.
