El Gobierno andaluz de PSOE e IU aprobará hoy su tercer presupuesto de la legislatura, una vez que los socios lograron superar el principal escollo de la negociación: la creación del ente público de crédito, o lo que se ha dado en llamar la banca pública andaluza. El anteproyecto de ley que regulará el instrumento financiero de la Junta se aprobará hoy en Consejo de Gobierno en paralelo a las cuentas regionales, por petición expresa de IU. El presupuesto de 2015, que contará con la misma suma que este año (unos 29.600 millones de euros), consolida la estabilidad del Gobierno y destierra el fantasma del adelanto electoral que sobrevuela San Telmo desde que PSOE e IU firmaron el pacto.
Las cuentas autonómicas incluyen una partida inicial de 18 millones para la constitución del Ente de Crédito de Andalucía (ECA), la futura banca propiedad de la Junta con la que pretende acceder a financiación externa y operar con depósitos privados. Ese presupuesto es el capital social mínimo para registrar una entidad financiera en España, que se constituirá como sociedad anónima, con plena independencia de la Junta, sometida exclusivamente a la legislación propia de las entidades de crédito y al control de los órganos reguladores estatales (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores) y europeos.
La entidad andaluza nacerá como un instituto de crédito similar al ICO, para gestionar los 1.425 millones en fondos reembolsables que ahora están distribuidos por todas las consejerías. Luego, según consta en el anteproyecto de ley, la Junta solicitará al Banco de España para obtener la ficha bancaria, requisito indispensable para funcionar como una entidad financiera tradicional «en el marco de la Unión Bancaria Europea», que le permita «acceder a los mercados transfronterizos [a través del ICO, del Banco Europeo de Inversiones o incluso con la emisión de títulos], y entrar en la subasta de dinero con intereses aceptables para luego dárselo a las pymes y autónomos». El proyecto recopila los cinco requisitos técnicos, económicos y jurídicos que la Junta debe cumplir antes de pedir autorización al Banco de España. El plazo medio para lograr los permisos del Gobierno central es de un año, aunque la Junta prevé que la entidad funcione ya a final de legislatura.
El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, explicó ayer que el principal escollo con el socio que el ente de crédito se aprobara junto a las cuentas se ha solucionado, y que dicha entidad «ya no pertenece a un partido, sino a los dos». El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, había vinculado el apoyo político de su formación a los presupuestos a que la banca pública se aprobara «antes o a la vez» que los presupuestos. Pese a las tensiones de última hora sobre este tema, ambos partidos admiten que el gran acuerdo ha sido salvar las cuentas andaluzas de 2015, «un cordón sanitario contra los recortes de otros territorios», que mantiene el gasto de educación y sanidad, recupera las pagas extra a los empleados públicos y repone el 100% del salario y la jornada de los sanitarios eventuales. Tampoco se prevén más recortes ni aumento de la presión fiscal.
Comisión de control. Respecto al proyecto de banca pública, Cornejo subrayó que «nunca estuvo en ninguna duda» que la Junta fuera a solicitar la ficha bancaria. No obstante, matizó que aunque legalmente el nuevo ente de crédito adquiera la fisonomía y el potencial de un banco tradicional, como el BBVA, «el objetivo con el que se va a crear este órgano no es ese». «No va a recoger la cartilla de un pensionista o la nómina de un profesor. Eso no va a pasar nunca», avisó. El fin último es la potenciación del sistema productivo andaluz, especializarse en inyectar liquidez a las pymes, empresas de economía social, autónomos y emprendedores. Se remarcan como sectores estratégicos de Andalucía a la hora de dar créditos la agroindustria, comercio y minería, turismo, el aeroespacial, la biotecnología y las energías renovables. Cornejo leyó dos veces los objetivos para aclarar que entre ellos no está «operar como la banca generalista».
La posibilidad legal de funcionar como un banco tradicional, pero el compromiso político de no tener intención de hacerlo mantendrá la tensión entre los socios, ya que IU sigue diciendo que el objetivo final es tener un instrumento financiero que cambie el modelo productivo andaluz y, para ello, captará depósitos privados igual que un banco cualquiera. Maíllo ya dijo que espera tener, algún día, su cartilla de ahorros en la banca andaluza. La presidenta Susana Díaz rechaza esta opción desde el principio, tras oír de primera mano las quejas de los principales banqueros del país que pasaron por San Telmo para firmar créditos y convenios millonarios con la Junta.
El nuevo ente de crédito tendrá un consejo de administración, como órgano ejecutivo, representado por el Gobierno andaluz, como establece la ley de sociedades mercantiles. Pero como novedad tendrá también un contrapoder, una comisión de control, que vigilará su funcionamiento y fiscalizará el uso del dinero público, y que estará compuesta por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito financiero elegidos por mayoría en el Parlamento andaluz. Este órgano estará adscrito a la Consejería de Hacienda. El modelo en el que se refleja Andalucía es el Instituto Catalán Finanzas (ICF), con un capital de 600 millones, con el que proporciona créditos a 1.200 empresas y 61.000 trabajadores. La Generalitat tiene previsto solicitar también la ficha bancaria para convertir esta entidad en un banco en 2015.
Las cifras. La envolvente económica del presupuesto del próximo ejercicio rondará los 29.600 millones de euros, con lo que será prácticamente igual a la del actual o quizá con una «pequeña variación al alza», dijo ayer Cornejo, corrigiendo a Maíllo, que el sábado cifró el presupuesto por debajo de las cuentas del año anterior. Las partidas de educación se incrementarán en 122 millones (una subida del 2% en relación con las actuales cuentas) y las de políticas sociales y salud se incrementarán en 186 millones (casi un 2% de subida). El incremento en ambas carteras se debe, sobre todo, a la devolución de las pagas extra a los funcionarios. La inversión, adscrita a Fomento y Vivienda, sube en 120 millones (lo que representa un incremento de más del 20%).
