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PSOE e IU critican al PP por no pactar el sueldo de los alcaldes

El Partido Popular es el único partido que el pasado jueves se abstuvo al pactar unos límites para los sueldos de los alcaldes.

el 04 jun 2010 / 20:21 h.

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Rajoy y Arenas con los principales candidatos y alcaldes del PP andaluz.

El Partido Popular es el único partido que el pasado jueves se abstuvo al pactar unos límites para los sueldos de los alcaldes. Por eso el arco político al completo arremetió ayer contra su actitud "cínica e hipócrita" y lamentó la "incapacidad" de Javier Arenas para "meter en vereda" a sus regidores.

Pese a que fue el PP y Javier Arenas uno de los promotores de este debate en plena crisis económica, a la hora de la verdad los regidores populares sentados en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) optaron por abstenerse. PSOE, IU y PA votaron unidos a favor de que los alcaldes y concejales rebajen sus salarios de forma inmediata de un 7 a un 15%. Además decidieron que después de las elecciones municipales de 2011 en ningún ayuntamiento andaluz un alcalde supere en sueldo al presidente de la Junta. Justo lo que proponía Arenas. La FAMP fijó una horquilla de sueldos en función de la población del municipio. El regidor de una ciudad de más de 500.000 habitantes no podrá cobrar más que un consejero de la Junta: 68.630 euros al año. Es el tope máximo. Desde ahí parte una escalera descendente de salarios a medida que disminuye el tamaño de la ciudad gobernada. Actualmente superan esa cantidad los alcaldes populares de Almería, Málaga y Huelva (el mejor pagado de Andalucía); la alcaldesa socialista de Jerez o el de Córdoba (IU).

La respuesta desde el Partido Popular andaluz la brindó su secretario general, Antonio Sanz, quien aseguró que la "práctica totalidad" de sus alcaldes ya se ha bajado el sueldo aplicando los criterios de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde todos los partidos políticos sí sellaron un acuerdo. En sintonía con el decreto estatal de recortes, la FEMP aprobó que los regidores con sueldos superiores al del presidente del Gobierno (91.982,4 euros) redujeran sus emolumentos un 15%. Así lo ha hecho por ejemplo el alcalde de Huelva.

El PP practicó la consigna de que la mejor defensa es un buen ataque y arremetió con dureza contra la FAMP, de la que criticó su "inutilidad" y lamentó que sea un foro dedicado a la "confrontación política", "incapaz" de garantizar el diálogo y una "subsede" del PSOE-A. Sanz subrayó que en las empresas públicas de la Junta hay "decenas de directivos que todavía no se han bajado el sueldo y cobran varias veces más que Griñán".El regidor de Málaga, Francisco de la Torre, fue uno de los que meses atrás discrepó públicamente con la propuesta del líder de su partido sobre la necesidad de meter la tijera en los sueldos municipales. Ayer De la Torre salió también al quite de la polémica y alegó que el debate llega tarde y que la FAMP debería haber fijado "hace años" el techo de retribuciones de los alcaldes. Él sería uno de los alcaldes directamente afectados por los recortes, pues aún aplicándose una bajada del 10% seguiría superando ese tope de 68.000 euros anuales. De la Torre aseguró que "hay muchísimos alcaldes en Andalucía y más de uno y de dos presidentes de Diputación" que tienen un sueldo "muy superior" al suyo. Además aseguró que él no cobra dietas.

El consejero de Gobernación de la Junta, Luis Pizarro, tildó de "cínica" e "hipócrita" la postura del PP y de "muy interesante" la propuesta de la FAMP.

El coordinador regional de Izquierda Unida, Diego Valderas, aseguró que Arenas ha perdido "toda autoridad y legitimidad" en este debate porque es "incapaz de meter en vereda" a sus alcaldes. "No es de recibo", lamentó, que los regidores populares no aceptaran "apretarse el cinturón". "Por la boca muere el PP", añadió, convencido de que este partido "no ha pasado la prueba del algodón".

Los 20 alcaldes de IU en Málaga decidieron ayer no aplicar los recortes aprobados por el Gobierno de la nación hasta que no se aclaren cuestiones que consideran que afectan directamente a los municipios y a la economía local. Se referían especialmente a las limitaciones de crédito impuestas a partir de 2011, que afectarán a partidas como el PER.

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