D. Cela / M.J. García/ I.Morillo La crisis de PSOE e IU en Andalucía, originada por el realojo de las familias de la Corrala Utopía, empezó hace 72 horas como un pequeño fuego en las cocinas del Gobierno y ha acabado convertida en un incendio político sin precedentes capaz de «suspender temporalmente» el pacto de coalición y publicar en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) un decreto firmado por Susana Díaz retirando competencias de vivienda a la Consejería de Fomento (IU). En medio, todos cruzan acusaciones sobre quién prendió la mecha o es el pirómano de este conflicto que ha puesto al Ejecutivo en jaque ante la perplejidad, incluso, de sus protagonistas.
Ayer, a última hora, los socios del Gobierno andaluz de coalición alcanzaron un acuerdo y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, firmaba el decreto por el que se devolverán a la Consejería de Fomento, dirigida por IU, las competencias relativas a las viviendas sociales de la Junta de Andalucía.
Según un comunicado enviado por la Oficina del portavoz del Gobierno andaluz, las ocho familias que ya estaban realojadas de forma transitoria en viviendas públicas de la Junta «pueden permanecer provisionalmente» en esos inmuebles hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales co- munitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social. En el caso de las otras nueve familias que iban a ser realojadas en viviendas de alquiler privado «queda suspendido el realojamiento hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias para su realojamiento».
Ni PSOE ni IU esperaban la reacción del contrario y el fuego fue avivándose. Se midieron en un pulso político público en el que se han dado pasos peligrosos que han llevado a muchos dirigentes de ambos partidos a pensar en serio en que podrían precipitarse elecciones anticipadas. Ayer tomaron la escena dos líderes con posiciones diametralmente opuestas. La socialista Díaz no dejó de repetir que peleará porque tenga vivienda quien más lo necesite y no quien la ocupe «ilegalmente» o levante «más la voz». El coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, no dejó de defender que ha existido «un respeto escrupuloso a la legalidad como nunca antes en todos los gobiernos de la autonomía andaluza» y aseguró que no permitirán que les «tomen el pelo». Tras retirar las competencias a Fomento, la consejería de Hacienda revisó uno a uno todos los expedientes de los realojados de la Corrala Utopía. Según fuentes del Gobierno, no eran 22 familias las que necesitaban una casa sino 17 y de ésas solo 8 cumplían las condiciones para acceder a una solución de urgente. Esos datos los confirmó Fomento. Entre éstas había seis menores y tres discapacitados.
Ayer hubo dos momentos clave. El primero cuando a primera hora de la mañana trascendió que no era un órdago y que la presidenta, había ordenado publicar en el BOJA el decreto que retira las competencias de adjudicación de viviendas protegidas a sus socios de Gobierno. «Os anuncié ayer que lo iba a hacer y eso es lo que hecho», dijo a los periodistas. Las negociaciones se habían mantenido sin éxito hasta bien entrada la madrugada, después de que el jueves el comité de enlace de PSOE e IU fracasara tras 11 horas de reunión en el Parlamento buscando salidas. Díaz acudió por la mañana, en medio de gran expectación, a un desayuno informativo con la candidata socialista a las elecciones europeas, Elena Valenciano, y abrió la puerta al diálogo pero sin ceder en su posición: «Soy la presidenta de todos los andaluces y hay 12.000 familias en lista de espera y no pueden ver cómo un grupo de personas que ocupa casas tienen más derechos que ellos, que están respetando con paciencia la legalidad vigente», señaló. Pidió «prudencia».
IU reaccionó convocando de urgencia a su dirección para evaluar daños. Junto a Maíllo estuvo su homólogo federal, Cayo Lara. Elena Cortés, consejera de Fomento y tercer miembro de IU en el Ejecutivo andaluz, llegó a Sevilla y se incorporó a la cumbre, después de que toda esta crisis le haya estallado en una visita institucional a Colombia y Panamá invitada por el foro ONU Hábitat. Cortés se bajaba del avión con menos competencias y con la posibilidad de su cese sobre la mesa. También estuvo en la cumbre de IU el secretario general del PCE, José Luis Centella. La crisis en este partido había adquirido escala nacional.
Los dirigentes de IU no daban crédito. La indignación era mayúscula. Fuentes de la dirección lamentaban que tras el gesto de Díaz «la situación es más compleja de solucionar hoy que ayer» y advirtieron de que «esto es lo que sucede cuando se deja caer una bola de nieve por una ladera y va creciendo y creciendo». La bola acabó arrollando el pacto de Gobierno cuando Maíllo declaró en los pasillos del Parlamento que la retirada de competencias significaba una «suspensión momentánea del desarrollo del acuerdo» de Gobierno, y acusó a Díaz de haber provocado la crisis. Miembros de la dirección, presentes en la reunión, matizaron que lo que se interrumpía era el desarrollo normal, pero que «el pacto no está roto» y que los tres miembros de IU seguirán actuando como consejeros y se sentarán en el Gobierno.
familias. Maíllo aclaró entonces por vez primera el número de familias de la corrala que habían sido realojadas. Aseguró que son ocho las familias realojadas transitoriamente en viviendas del parque público, y otras nueve están pendientes de un contrato privado, hasta que haya nuevas vacantes de VPO. Hasta ese momento, IU había manejado otras cifras: 10 familias realojadas en pisos de Fomento y las otras 12 en viviendas de alquiler privado. En total, 22 familias que fueron desalojadas por la Policía el pasado domingo por orden de un juez y 690 días de ocupación en una bloque de viviendas propiedad de Ibercaja. El PSOE cuestionaba que todas las familias realojadas cumplieran los requisitos legales y había solicitado documentos de cada uno de los casos que acreditaran que todas estas personas estaban en una situación de emergencia social. Ayer trascendió que una de las ocupas, militante de IU, renunciaba a su piso tras conocerse que tenía un empleo. Con todo Maíllo se mantuvo en que el realojo había sido «impecable». «Si nos hubiéramos equivocado, habríamos rectificado, pero no ha habido ningún error». PSOE e IU estuvieron reunidos cinco horas. La depuración de los datos por parte de Fomento calmó los ánimos, pero no lo suficiente para presentar un acuerdo cerrado. Por IU estuvieron José Manuel Mariscal, líder del PCA, y Carmen Cantero, miembro de la dirección andaluza. Por el PSOE, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, el secretario de Organización, Juan Cornejo y el portavoz parlamentario, Mario Jiménez. Hoy está previsto que haya por fin un desenlace al peor momento del Gobierno andaluz en dos años.
