Por Rafa Reyes Configurar el funcionamiento y desarrollo transparente de una población en función «de aquello que hace feliz al ciudadano», procurando su participación en la elaboración de presupuestos y planes de acción. Es este uno de los requisitos fundamentales para que una localidad sea considerada del Bien Común.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla acoge, desde ayer, el II Encuentro Nacional de Municipios del Bien Común, una cita organizada por la Universidad hispalense y que cuenta con la colaboración de la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común.
Este nuevo modelo municipalista nace de la adaptación a la gestión política del movimiento de la Economía del Bien Común, una corriente alternativa que surge en 2008 de la mano del economista austriaco Christian Felber, según el cual, «las relaciones económicas deben desarrollarse en función a los mismos valores que rigen las sociales, jugando un papel fundamental la cooperación y la contribución al bienestar social».
En la actualidad, las entidades empresariales configuran su actividad para «el enriquecimiento personal, teniendo en cuenta únicamente sus propios beneficios». Este nuevo modelo propone la sustitución de esta filosofía, y por ende, del balance financiero, que pasa a ser suplantado por el del Bien Común, configurado mediante indicadores empresariales como «el nivel de satisfacción de los empleados, la aportación a la reducción de la huella ecológica o la función social que cubre. Las empresas que mejores resultados obtengan deberían ser bonificadas por el sector público», argumentó Charo López, una de las coordinadoras del movimiento en Sevilla.
«Se trata de un sistema real que surge ante las situaciones de injusticia generadas por un sistema capitalista devorador de personas», señaló el ex Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien fue el encargado de inaugurar un congreso «que viene a responder a las exigencias de la ciudadanía, que clama caminos alternativos al modelo económico imperante que, además de mermar las raíces de la democracia, no resuelve los problemas de las personas», añadió.
Bajo esta nueva fórmula de entender la economía se pueden regir los municipios. Al igual que la mayoría de las entidades empresariales miden su éxito en función a la maximización de sus beneficios, el Estado lo hace por el crecimiento del PIB, un indicador monetario que no considera el bienestar ciudadano. «Nuestra meta debería ser la de tener buenos sistemas educativos, de salud, que nuestras personas tengan trabajos provechosos y se remuneren dignamente por ellos, respetando e incentivando la iniciativa empresarial, que podamos disfrutar de un medio ambiente limpio, que nuestros recursos sean bien gestionados, tener una democracia madura donde a los ciudadanos se les incluya en la vida pública y en la toma de decisiones, es decir, nuestra meta debería ser la maximización del Bien Común», indicó Charo López.
Pueblos pioneros. Orendain, Guipúzcoa; Torrelodones, Madrid; Rubí, Barcelona; Engueras, Valencia; Carcaboso, Cáceres. Son algunos de los más de quince municipios españoles que ya ensayan modelos de gestión basados en este movimiento. Pueblos que asientan su desarrollo en sistemas de participación ciudadana, transparencia y medidas encaminadas para, por ejemplo, la elaboración colectiva de los presupuestos municipales.
Así, en localidades como Orendain, en Gipúzcoa, sus doscientos vecinos deciden con su opinión «todas las actuaciones de envergadura que se llevan a cabo en el término municipal», afirmó su alcalde, Gorka Egía, quien participó ayer en el congreso, poniendo en valor la «necesaria creación de asambleas democráticas que permitan testar de forma continua las necesidades ciudadanas para trabajar en pro del Bien Común».
La transparencia y la participación se antojan componentes indispensables para la gestión de un municipio de acuerdo a estos principios. Bajo estas premisas trabajan también en Torrelodones (Madrid), que durante los últimos tres años ha implantando un sistema de participación ciudadana «que se ha convertido en ejemplo para otros muchos municipios», afirmó Carlos Beltrán, teniente de alcalde de la localidad madrileña.
España es uno de los países donde el movimiento del Bien Común ha arraigado con más fuerza, una nueva corriente «con múltiples posibilidades que puede ser puesta en marcha no sólo en localidades pequeñas. Los principios de este sistema de gestión pueden ser adaptados a las particularidades y dimensiones de todas las ciudades», matizó el alcalde de Orendien.
Según los dirigentes municipales de las localidades ya adscritas a este movimiento, dirigir la gestión política de una población en base a estos preceptos no supone otra cuestión que «trabajar con sentido común y honestidad, tomando al ciudadano como centro de todas nuestras acciones, contando con su opinión y adoptando como directrices sus palabras». Se trata, dijeron, de un sistema de actuación real, posible y «que responde a las exigencias actuales de la ciudadanía».
