Una norma andaluza establece que, en la medida de lo posible, los estudiantes de Primaria deben conservar al mismo maestro toda la etapa, del primer curso al sexto. Parece una regla de organización interna de las escuelas, pero los expertos defienden que si el profesor acompaña la trayectoria del alumno durante los primeros seis años de escolarización obligatoria, su evolución será mejor. Esa norma de las escuelas no se ha extrapolado al ámbito de la Administración educativa. Mientras la Consejería de Salud ha mantenido a la misma responsable [María Jesús Montero] durante nueve ejercicios, en los últimos seis años el Gobierno andaluz ha nombrado a siete consejeros de Educación: tres hombres y tres mujeres (Mar Moreno fue elegida y destituida dos veces). Ningún otro departamento de la Junta ha sufrido tal baile de consejeros y ninguna otra comunidad tuvo tantos responsables de Educación en tan poco tiempo.
¿Por qué rotan tanto quienes dirigen la política educativa? ¿Los cambian por errores en su gestión o por razones orgánicas, que tienen más que ver con los contrapesos dentro del PSOE y las cuotas provinciales? ¿Qué cambia en la escuela cuando cambia un consejero? ¿Se reconducen las prioridades? ¿Todo se reinicia? ¿Todo sigue su curso? La arquitectura legal de la escuela andaluza está montada desde el 2007 en que se aprobó la Ley de Educación Andaluza (LEA), la primera legislación autonómica que surgió con la LOE. En los años sucesivos, los distintos responsables que han pasado por la consejería se han encargado de desarrollar ese armazón legal por la vía de decretos y órdenes, pasando de lo abstracto a lo concreto. Dentro de esos márgenes, la dirección de los siete consejeros no ha variado significativamente. En realidad los grandes bandazos que ha dado la educación andaluza estos años se han producido antes, por decisión de los presidentes de la Junta.
Las universidades solían depender de Educación, pero luego se trasladaron a Innovación. Razón: las facultades eran más centros de trabajo que de formación. La fórmula funcionó mientras hubo dinero público que inyectar a los campus y abrir puentes con la empresa. Ahora los rectores, que reclaman a la Junta una deuda de 900 millones, andan a disgusto y prefieren refugiarse en el discurso en defensa de la escuela pública. Las guarderías solían depender de Bienestar Social, pero luego se trasladaron a Educación. Razón: el primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años) ya no se considera una etapa asistencial, sino educativa. Esta decisión fue muy cuestionada por quienes dirigían la consejería en ese momento. El último vaivén es muy reciente: la FP ocupacional, la formación para parados y empleados, siempre fue competencia de Empleo, pero hace año y medio se mudaron a Educación. Razón: crear una macroárea de FP que unificase la Formación Profesional reglada de los institutos con los cursos para parados. Es decir, se quiso acercar los centros de trabajo a la escuela, la misma explicación por la que se desgajó la Universidad de Educación pero por razones muy opuestas: una tasa de paro juvenil desbocada (50%) y el regreso de jóvenes desempleados a las aulas, principalmente a FP.
En todo este tiempo, la única constante en la consejería ha seguido siendo la enseñanza. Pero eso también acaba de romperse, al unirse con las áreas de Cultura y Deporte en un macrodepartamento, que ha provocado rechazo en la comunidad escolar. Ahora la consejería trabaja con bebés, niños, adolescentes que dejaron de estudiar para trabajar, empleados sin formación, parados, deportistas, museos, artistas...
Discurso // La educación está hecha de política y de gestión, pero también es discurso y compromiso. El discurso de investidura de un presidente puede anticipar qué importancia tendrá la educación en su mandato, y qué peso específico tendrá la cartera en su Gobierno. En 2009, Griñán citó hasta 14 veces la educación en su discurso de investidura, remarcando que sería la prioridad de su gabinete. A los principales actores de la comunidad educativa no se les escapó la nula relevancia que Susana Díaz le dio a la enseñanza en su discurso de presentación, hace dos semanas. La presidenta mencionó la educación cuatro veces, de forma genérica. Su predecesor utilizó la escuela como hilo conductor de todo el discurso el de 2009 y el de 2012, y desgranó una batería de medidas concretas que pidió desarrollar cuanto antes. Griñán quiso que la Consejería de Educación subiera peldaños en el organigrama del Gobierno, dotándola de más peso específico, para lo cual, dijo, eligió a un referente del PSOE como Moreno. Luego la realidad política quedó tan distorsionada por el caso de los ERE, los recortes y el paro, que Griñán volvió a aplicar cuotas territoriales y orgánicas para adaptar su gabinete a las circunstancias.
La educación tiene un enorme peso ideológico, desgasta mucho a los consejeros porque está permanentemente en primera línea de fuego ante la oposición, por el malestar crítico y endémico del profesorado y el escrutinio de las familias. Es la política que más diferencia a la izquierda de la derecha y tiene la importancia que los presidentes le quieran dar: se puede gestionar como un servicio o se puede gestionar como un proyecto político a largo plazo. Esta semana, Díaz ha hablado de modificar la Constitución para blindar la educación pública, algo sobre lo que no tiene competencias. Pero en pocos días se presentará el Presupuesto andaluz de 2014, y la oposición, tanto PP como IU, le están pidiendo que blinde el gasto educativo, tras dos años de recortes.
Los objetivos de la LEA dependían de una memoria económica, aprobada por el Parlamento, de 1.175 millones de euros, lo que habría supuesto incrementar en un 36% el prespuesto educativo en cinco años. El mayor gasto previsto iría a la plantilla, con un incremento neto de 15.000 profesores más. Nada de eso ha ocurrido. La recesión económica y los contínuos recortes en el gasto público que han aplicado, en mayor o menor medida, tanto el Gobierno central como el autonómico se han interpuesto en las promesas de aquella ley que otras comunidades copiaron. Los últimos tres consejeros de Educación han gestionado el retroceso de las políticas educativas, el desplome de las transferencias del Estado a las comunidades, la eliminación o congelación de programas señeros para Andalucía (como los ordenadores, el bilingüismo o los incentivos a docentes) o el despido de 4.502 profesores. La inversión en educación ha involucionado a las cifras anteriores a 2007: ahora hay menos recursos y menos maestros que entonces, y sin embargo el número de alumnos es mayor que nunca. H
