La feliz noticia de la liberación del Alakrana va a dar paso a un agrio debate entre el Gobierno y la oposición, con la Justicia de fondo, por la gestión de esta crisis y, fundamentalmente, por cómo encarar este problema de cara al futuro si ocurre de nuevo. Ya pasó en mayo, cuando el buque Marqués de la Ensenada detuvo a siete piratas. La Audiencia Nacional pretendía juzgarlos pero finalmente, tras unos días de tensión entre la Justicia y el Gobierno, fueron entregados a Kenia en virtud de un convenio firmado con la Unión Europea. La causa fue archivada.
Meses más tarde, ocurre algo similar con los dos corsarios del Alakrana. Traslado a España y a ver qué pasa. La Justicia, uno de los tres poderes del Estado, quiere hacer su trabajo: juzgar a dos presuntos delincuentes. El Gobierno, por su parte, hace todo lo posible para que a los 16 españoles secuestrados no les pasa nada, y llega a plantearse una extradición de los piratas para que sean juzgados en Kenia, un país en el que los procesos judiciales dejan demasiadas lagunas legales. De nuevo, reproches mutuos entre Justicia y Gobierno.
Mientras tanto, no hay que olvidar que en el Océano Índico continúan dos fragatas españolas y numerosos piratas en busca de pesqueros indefensos, aunque ahora lleven vigilancia privada. Los bucaneros van a seguir atacando a los barcos que faenan en el Cuerno de África, y con más énfasis si cabe después de conseguir 2,3 millones de euros tras poner contra las cuerdas al Gobierno de Rodríguez Zapatero y a la misión Atalanta de la Unión Europea. No estaría de más tener previsto cómo actuar la próxima vez que ocurra, que además será lo más probable.
