Martes 21 de agosto. Nueve de la mañana. La sala número 1 del Parlamento andaluz recibirá al primero de los 25 comparecientes que se sentarán en la comisión de investigación abierta para depurar responsabilidades políticas en el presunto fraude de los ERE. Un caso de corrupción, el más escandaloso en 30 años de autonomía andaluza, en el que se investiga una supuesta trama tejida con ayudas públicas a Expedientes de Regulación de Empleo y empresas en crisis otorgadas en una década (2001-2010).
El caso, que instruye en un juzgado sevillano la magistrada Mercedes Alaya, suma 52 imputados, ha conducido ya a la cárcel a tres personas -dos altos cargos- y tiene bajo lupa más de 1.000 millones de euros públicos si se suman a los 647 millones de ayudas sociolaborales otras partidas destinadas, en su mayor parte, a comisiones supuestamente ilícitas y desorbitadas a las aseguradoras que han participado de forma activa en la trama.
Hace 17 años que el Parlamento andaluz no acoge una comisión de investigación. En la pasada legislatura los socialistas se apoyaron en su mayoría absoluta para descartarla en más de diez ocasiones. La llegada de IU al Gobierno andaluz ha sido la llave maestra. De hecho, es la federación de izquierdas quien preside el órgano parlamentario y dirigirá los trabajos, que corren el riesgo cierto de quedar sepultados bajo el ruido de la pelea partidista. El diputado de IU, Ignacio García, será el árbitro de una comisión que nace ya agriada por la dura bronca entre PSOE y PP.
Los partidos han puesto sobre la mesa una larga lista de peticiones de comparecencias. Serán de momento 25 los altos cargos -podrían ampliarse- que rendirán cuentas a lo largo de dos semanas y en sesiones de mañana y tarde. Cada uno de los llamados a comparecer, 23 hombres y dos mujeres, dispondrán de un máximo de 3 horas para explicarse. Todos tienen la obligación de acudir o podrían ser sancionados e inhabilitados. Si faltan a la verdad, el Código Penal (artículo 502) prevé incluso penas de cárcel. En cualquier caso, quienes pasen por el Parlamento pueden limitarse a dar una versión de los hechos y no contestar las preguntas de los diputados. Así lo harán posiblemente algunos de los imputados, a quienes sus letrados les pueden haber aconsejado no salirse de un guión antes de declarar ante la jueza Alaya. Nadie olvida que todo lo que se diga en la comisión, que quedará grabado y podría ser desclasificado en un futuro, podría ser incorporado como prueba a la instrucción judicial e incluso propiciar nuevas imputaciones.
De las 25 comparecencias, algunas pueden ayudar a despejar el caso. Otras, no van más allá del puro morbo político. El perfil de los comparecientes es diverso. Once están imputados, muchos han declarado ante Alaya o han sido interrogados por la Guardia Civil. Todos son o han sido altos cargos. El epicentro está en la Consejería de Empleo. Acuden 11 personas de este departamento, asesores, exdirectores generales y exconsejeros. Hablarán el expresidente Manuel Chaves y el presidente José Antonio Griñán y los consejeros Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo. Desde el PP darán explicaciones el actual líder regional, Juan Ignacio Zoido, su antecesor Javier Arenas, y el exministro Eduardo Zaplana, todos relacionados con el ERE de la Faja Pirítica de Huelva.
