El gobierno pide calma a Andalucía a la hora de fijar la cuantía de la deuda histórica por lo que, tal como están las cosas, no se va a cumplir el plazo del próximo día 20, fijado en el Estatuto, como no se cumplió el previsto para Cataluña.
Por otro lado, pero al mismo tiempo, sigue la negociación, o eso se supone, para llegar a un acuerdo - sin vencedores ni vencidos, dicen - sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, acuerdo que, como ya se preveía, y algunos lo avisaron, se tropezaría con dificultades añadidas, debidas a la crisis económica, que no sólo afecta a las economías privadas, sino también a la propia disponibilidad de recursos del Estado. Y, por si faltara poco, los Ayuntamientos, independientemente de su color político, reivindican su derecho, y su necesidad, a no verse perjudicados en el reparto de fondos.
Así que el panorama se ha puesto interesante, y nos hace prever un otoño cargado de discusiones sobre la distribución de los dineros públicos, en un momento en que, frente a una bolsa común menguante, se alzan reivindicaciones de parte crecientes.
A ver quién lo arregla, aunque sea provisionalmente porque ante todo esto, lo que no resulta difícil de adivinar es que, sean cuales sean las soluciones que se adopten o los acuerdos, o desacuerdos, a los que se lleguen, serán pasajeros, porque no es lógico que, en coyunturas de extrema dificultad, como la que estamos atravesando, se perfilen medidas perdurables en el tiempo, cuya aplicación no sería admitida en circunstancias económicas mas favorables. Ya lo veremos.
Pero en medio de todo este gran galimatías político y económico, lo que mas claro está es la urgente necesidad que tienen los ayuntamientos de conseguir una financiación adecuada a los servicios que prestan, que son bastantes mas, como ellos mismos reivindican, de los que en pura ley les corresponden.
Máxime en estos momentos en que los ingresos propios, como, por ejemplo, todos los que se derivan de la actividad inmobiliaria, se les están cayendo en picado, sin tener la alternativa de poder compensarlos con subidas de otros impuestos locales, porque eso sería gravar directamente los bolsillos de los ciudadanos, ya excesivamente agobiados.
Este es un problema serio y que necesita una solución rápida si se quiere que los servicios que reciben los ciudadanos no sufran un grave deterioro. Por eso, los alcaldes están alzando la voz, y con mucha razón, planteando exigencias comunes y haciendo un frente único, a pesar del intento de escapada de Belloch.
La situación es difícil, y se impone la serenidad y el buen juicio para determinar un orden de prioridades que, sin banderas electoralistas, sirvan para dar soluciones urgentes a los problemas urgentes, porque, insisto, los acuerdos a largo plazo son ahora imposibles. Y quién mucho abarca, poco aprieta.
Periodista
juan.ojeda@hotmail.es
