La Seguridad Social re-bajará hasta un máximo del 10% la cotización a las empresas que reduzcan la siniestralidad laboral, medida que, según contemplan los Presupuestos de 2008, contará con 90,2 millones. Así lo avanzó ayer el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Ángel Díaz, quien detalló que la cantidad destinada a este sistema de "bonus-malus" supone un 15% del 80% de los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales correspondientes al ejercicio de 2006 (el último liquidado), por lo que variará cada ejercicio.
Díaz destacó que, aunque "en este momento, se prima la parte de bonificación", el sistema también penaliza a las empresas que incumplan la norma en materia de prevención con un posible aumento de la cotización de hasta el 20%. Con el sistema de indicadores se pretende retribuir la disminución real de los accidentes de trabajo (acciones positivas) comparando los resultados de cada empresa con los de otras del mismo sector. Para determinar las acciones positivas de las empresas se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de la normativa, la constitución de servicios de prevención, si existen planes de movilidad o la inversión en prevención de riesgos más allá de lo exigible, entre otros.
Para cada empresa se determinará un coeficiente denominado "bonus-malus" que se obtendrá en función de un periodo de observación, del indicador de siniestralidad general y del indicador de siniestralidad extrema.
El periodo de observación, a efectos de cálculo de los indicadores será de dos años y se aplicará en los casos en que las contingencias profesionales sean superiores a 10.000 euros.
Según Díaz Peña, la medida -que no tendrá repercusión en las nóminas de los trabajadores- ha supuesto un "esfuerzo importante" también desde el punto de vista social, por el coste que suponen los riesgos profesionales en asistencias sanitarias, invalidez o viudedad y supone una mejora individual, para los afectados, y global "para todo el sistema". El director general dijo que, a falta de lo que se decida junto a los interlocutores sociales, la Administración tiene capacidad para ponerla en marcha "en un mes o poco más". Este sistema afectará a 170.000 empresas de diferentes sectores y a más de seis millones de trabajadores.
Díaz Peña explicó que se excluirán las empresas de menos de diez trabajadores, que tendrán un tratamiento diferenciado, y que no se tendrán en cuenta los accidentes de tráfico y cardiovasculares, casos en los que, a su parecer, no es posible la acción preventiva.
