El déficit de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos es una de las mayores preocupaciones del Gobierno a la hora de cumplir con las directrices marcadas desde Europa. Debido al mal estado de las cuentas de muchas de ellas, como la valenciana, el Gobierno se plantea salir en su auxilio para evitar una quiebra que podría empeorar aún más la situación de España de cara a los mercados internacionales. Eso sí, con la contrapartida de poder entrar de lleno en las cuentas de las que incumplan, en línea con lo que hace Bruselas cuando rescata a un país con problemas.
En este contexto, las sanciones que el Gobierno pondrá en marcha para las comunidades que no cumplan los objetivos de déficit podrían suponer la "intervención" del Estado, que podría encargarse de tutelar los planes de reequilibrio de dichos territorios.
Así lo adelantó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Además, explicó que las sanciones dependerán de la magnitud y la reiteración de las comunidades. "Puede llegarse a una intervención temporal", dijo, tras asegurar que el Gobierno no dejará que las administraciones tengan problemas de liquidez "muy agudos".
Para evitar estos problemas, se pondrá en marcha una nueva línea ICO, pendiente de concretar, para que las comunidades puedan afrontar pagos pendientes con proveedores, entre otras cosas. Estas medidas, que no supondrán un incremento del déficit, mejorarán la liquidez de las comunidades y demuestran, según Montoro, que el Gobierno ha alcanzado con las regiones un "compromiso de Estado" para reducir con el déficit.
Esta nueva línea, que se extenderá a las corporaciones locales, está aún pendiente de concreción, ya que tal y como dijo el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, primero hay que conocer la cuantía pendiente de pago.
De la misma forma, el Ejecutivo ampliará a diez años el plazo que tienen las comunidades para devolver al Estado la cantidad correspondiente de la liquidación de los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009 (unos 31.000 millones). En esta línea, el Gobierno adelantará a las comunidades la liquidación de 2010, por la que el Estado tiene que devolver a las regiones unos 6.000 millones más 2.000 que forman parte de fondos que no se anticiparon en su momento. De esta forma, las comunidades recibirán ahora estos 8.000 millones y no en julio, como estaba previsto.
El Gobierno simplificará también las autorizaciones de endeudamiento de las comunidades, que antes se hacían en tres plazos y ahora se harán solo en dos. Además, el Ejecutivo facilitará la refinanciación de la deuda de las comunidades con una sola autorización en dos tramos -antes se requerían dos-.
Estas medidas, que no supondrán un incremento del déficit, mejorarán la liquidez de las regiones y demuestran, según Montoro, que el Gobierno ha alcanzado con las comunidades un "compromiso de Estado". El grado de cumplimiento de sus planes lo revisará a través de controles el Ministerio de Hacienda.
Horas antes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó a las comunidades autónomas "con problemas de liquidez" que el Estado "acudirá en su auxilio" a cambio de que estas regiones se comprometan a cumplir con los objetivos de déficit.
Precisamente ayer, Standard & Poor's rebajó en dos escalones, desde AA- a A la calificación del ICO a raíz de su decisión de rebajar el pasado viernes la nota de solvencia de España.
