Apenas se dejó ver en la Cámara Baja. Solo apareció en el momento de la votación para sacar adelante el mayor plan de recortes de la democracia que prosperó gracias a la mayoría absoluta del PP. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, constató así la soledad en la que se queda su Ejecutivo para afrontar estos complicados momentos de crisis. Dejó todo el peso al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que volvió a apelar a que no hay dinero en las arcas públicas para justificar el tijeretazo, en un clima en el que la bancada popular contuvo los polémicos aplausos.
El Pleno del Congreso convalidó así el Real-Decreto ley de medidas antidéficit con el único apoyo del PP. En concreto, la norma, con la que el Ejecutivo pretende ahorrar algo menos de 60.000 millones en dos años y medio, recibió 180 votos favorables, todos del PP, frente a 131 votos en contra y una abstención, la de UPN.
ERC, Amaiur, Compromís, BNG y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se ausentaron de la votación final al considerar que los ajustes suponen un "ataque brutal" contra los derechos sociales y laborales de los ciudadanos.
Entre las medidas convalidadas se encuentran la subida del IVA, el recorte de las prestaciones por desempleo para nuevos perceptores, la supresión de la paga de Navidad a los empleados públicos, la eliminación de la desgravación por vivienda en 2013 y el alza de retenciones en el IRPF en las actividades profesionales.
Cristóbal Montoro salió a la tribuna a defender los "ajustes" asegurando que buscan garantizar la estabilidad presupuestaria y reducir el déficit público. Insistió en que estas medidas son fruto de la necesidad del momento y aunque, reconoció que suponen un "sacrificio", subrayó que "no hay dinero en las arcas públicas" para pagarlo todo y que cuando algo no es financiable, "hay que quitarlo" de en medio.
La réplica en el PSOE se la dio su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que justificó el rechazo a estas medidas en que el camino a la salida de la crisis no pasa por "machacar a impuestos a las clases medias, autónomos y desempleados", y advirtió de que estos ajustes van a conducir a más recesión.
Durante su intervención, Rubalcaba aseguró que estas medidas son "una suerte de enmienda a la totalidad" de los Presupuestos aprobados hace aproximadamente un mes y la "certificación de seis meses de errores".
En el resto de grupos de la oposición, el discurso y los argumentos fueron muy similares. En general, las formaciones políticas negaron su apoyo por el perjuicio social que causarán las medidas porque agravarán la recesión, elevarán el paro y porque "criminalizan" a los funcionarios.
Rosa Díez, de UPyD, señaló que, después de escuchar a Montoro en la tribuna, "lo peor no son las medidas, sino las mentiras" del Gobierno y, entre esas mentiras, citó que el ministro dijera en el debate que la eliminación de la paga extra a los funcionarios no supone un recorte salarial.
Díez acusó a Montoro de ver a los funcionarios como unos "vagos", lo que ha ocasionado un cierto rifirrafe entre ambos, hasta el punto de que el ministro intervino para pedirle a la diputada que retirara ese adjetivo porque no había salido de su boca.
Pedro Azpiazu, de PNV, denunció que este "decretazo" va a profundizar en la grave recesión porque perjudicará aún más el consumo. Para Azpiazu, los recortes del Gobierno son "profundamente injustos e inequitativos" porque afectan a muchas personas que ya lo están pasando mal y que ahora "lo van a pasar mucho peor".
Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, también apreció en las palabras de Montoro "una insinuación" de que los empleados públicos son unos "vagos" y criticó que se esté "criminalizando" a este colectivo. Coscubiela reconoció que "para salir del pozo" hacen falta "sacrificios", pero "equitativos y justos".
El portavoz de Izquierda Plural acusó además al Gobierno de actuar con "chulería con los débiles y con cobardía con los poderosos".
Josep Sánchez Llibre, de CiU, denunció que las medidas llevarán a una "economía de guerra" y pidió al ministro que las comunidades autónomas, ante la "excepcionalidad de la situación económica", ingresen de manera directa las subidas impositivas contenidas en la norma.
Los distintos portavoces del Grupo Mixto, coincidieron en denunciar que la reducción del déficit se va a hacer atentando contra derechos sociales y laborales, al tiempo que reprocharon el castigo infligido a los funcionarios.
Y el representante de UPN, Carlos Salvador, señaló que, aunque resulta tentador situarse en la barrera cuando el toro arremete contra el Gobierno de turno, "su partido no lo hizo en el pasado ni lo hará ahora", por lo que decidió abstenerse.
