Un vecino de 37 años de edad de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe reclama al Servicio Andaluz de Salud (SAS) una indemnización de 220.000 euros después de que, tras sufrir un accidente de motocicleta en el que se fracturó la tibia de la pierna derecha, fuera sometido hasta a cinco operaciones, en la primera de las cuales contrajo una infección por la que "estuvieron a punto de amputarle la pierna".
El letrado del demandante, Fernando Osuna, ha explicado a Europa Press que su cliente ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y ha presentado "innumerables" escritos para que se inicie un procedimiento administrativo a fin de conseguir una indemnización, pero la respuesta de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía "siempre es la misma, dicen que empezará en breve".
Según ha añadido el abogado, "desde diciembre de 2009 --cuando presentó la reclamación-- aún no se le ha comunicado formalmente que se ha iniciado el procedimiento", el cual, que "es obligatorio y previo a la vía judicial, puede durar otro año más, además de los dos años que lleva esperando sin que se hayan practicado actuaciones algunas". El paso siguiente sería acudir a la vía contencioso-administrativa, aunque esta vía "puede durar tres años, por lo que la sentencia, en el mejor de los casos, podría salir a fines de 2015".
Al hilo de ello, Fernando Osuna ha criticado el "desgraciado" proceder del SAS, "que ha producido que su cliente haya estado a punto de perder su pierna de no haber ido a Pamplona, donde médicos de la Universidad de Navarra le han salvado la pierna". "Llevaba cinco operaciones en la pierna y la infección que contrajo en la primera operación no cesaba; en Navarra le practicaron dos y evitaron la amputación de la pierna", ha subrayado.
FUNCIONAMIENTO "ANORMAL" DE LA ADMINISTRACION SANITARIA
De este modo, el afectado presentó en 2009 un escrito ante el SAS en el que promovía la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración contra la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, reclamando un montante total de 220.000 euros "como consecuencia de un funcionamiento anormal de la Administración sanitaria" y en concepto de indemnización de daños y perjuicios "por daño emergente, lucro cesante, daño moral y aquellos otros que pudieran corresponder".
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el afectado relata que el día 5 de noviembre de 2008 tuvo un accidente de motocicleta a consecuencia del cual sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha, una lesión de la que fue intervenido al día siguiente. Tras diversas actuaciones médicas, fue operado nuevamente en otras dos ocasiones, pero "debido a que el proceder de los médicos que intervinieron no fue correcto, se le produjo una infección en la pierna".
Como quiera que la infección seguía, el afectado tuvo que ser intervenido por cuarta vez, y mientras tanto, según ha aseverado el propio afectado, tuvo "mucho dolor físico, preocupación, muchas noches sin dormir, incomodidades para ducharse, asearse, no poder atender su negocio ni su familia, y no disfrutar de vacaciones, tanto en verano como en Semana Santa y Navidad".
NO FUE UN HECHO "CASUAL NI FORTUITO"
Además, señala que la pierna derecha "cada vez iba peor, llegando los médicos a comunicarle que posiblemente habría que amputársela". "Ante tal situación y lleno de temor, decidió ponerse en manos de los médicos de la Clínica Universitaria de Navarra, donde le salvaron la pierna tras muchas dedicaciones y tratamientos". Según agrega, su estancia y todos los actos médicos, sanitarios y colaterales en la citada clínica ascendieron a 40.000 euros.
El afectado sostiene que "el considerable deterioro" de la pierna "no se produjo por un hecho casual ni fortuito, es decir, por un hecho que no se pudo evitar, sino que se debió a una inadecuada y deficiente praxis, a una infracción de la lex artis médica, que evidencia el funcionamiento anormal y deficitario de la Administración sanitaria".
Por todo ello, reclama al SAS 145.000 euros por las secuelas, para lo cual se basa en las tablas de indemnizaciones para accidentes de circulación; 60.000 euros por daño moral, y 15.000 euros en concepto de lucro cesante, reclamando así lo que ha dejado de percibir en su establecimiento de hostelería "por culpa de esta mala actuación médica".
