El juicio civil por el accidente del Yak-42 en Turquía, en el que murieron 62 militares españoles, se repetirá la última semana de noviembre, según han acordado las partes con la jueza Amalia Sanz, al cargo de este caso que instruye el juzgado de primera instancia número dos de Zaragoza.
En una audiencia previa, los abogados de las familias de las víctimas han solicitado prácticamente las mismas pruebas que en el juicio anterior, que se celebró en enero de 2006 y que fue anulado por la Audiencia Provincial al considerar que no se emplazó correctamente a la compañía Chapman Freeborn, contratista del avión siniestrado.
También son similares las indemnizaciones que se piden, 600.000 euros por familia, ya que según uno de los abogados, Eudaldo Vendrell, el daño que se causa con la muerte de estas personas "no puede ser medido con un mismo baremo estándar de accidentes de tráfico" sino que es "mucho mayor".
En declaraciones a los medios de comunicación al finalizar la audiencia previa, Vendrell ha insistido en que la "especial dedicación" de estas personas, el tipo de familia o su condición profesional debe ser tenida en cuenta, así como los familiares que ha dejado el fallecido, las edades, el currículum o la proyección de la carrera militar y en qué momento se truncó.
En el juicio, que se celebrará del 24 al 27 de noviembre, se prevé la asistencia del responsable de la contratista del avión, a petición de las familias, ya que aunque el abogado de la empresa, Luis Alberto García, ha intentado que conteste las preguntas ante un tribunal de Alemania, la jueza ha considerado que trasladarse de este país europeo a Zaragoza "no es algo tan extraordinario".
Los letrados de Chapman Freeborn y los de las otras dos compañías implicadas, Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air) y Busin Joint-Stock Insurance, han solicitado numerosas pruebas y prácticamente todas ellas han sido aceptadas por la jueza, que sustituye en este proceso al juez Ángel Dolado, recusado por "carencia de imparcialidad", según la Audiencia Provincial.
Este tribunal retiró del caso al juez Angel Dolado y designó como sustituta a la jueza Amalia Sanz, titular del juzgado de instrucción número 1 de Zaragoza.
Vendrell ha explicado que la argumentación o estrategia de las tres empresas se basa en que el vuelo era militar y que por ello lo que en este proceso se discute "no es materia civil, sino administrativa", teniendo en cuenta que "las víctimas eran militares y cumplían órdenes y por tanto no hay responsabilidad de las empresas, sólo del estado".
Otra de sus intenciones, según el letrado, es dilatar el proceso en el tiempo, ya que han pedido pruebas que pueden tardar muchos meses en ser contestadas al tratarse de países como Ucrania o Turquía, donde las administraciones no son especialmente ágiles.
El accidente del Yak-42 tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Turquía, y en el mismo murieron 62 militares que volvían a España después de una misión humanitaria en Afganistán.
El primer juicio civil por este caso se celebró en una sala especial habilitada en la Feria de Zaragoza los días 24 y 25 de enero de 2006 y las familias solicitaron unos 60 millones de euros en indemnizaciones a las tres compañías, aunque finalmente Ángel Dolado condenó a las tres empresas a pagar una indemnización global de más de 10 millones de euros a los familiares, que éstos consideraron estaban muy lejos de lo que pedían.
Por ello, presentaron recursos de apelación, al igual que las empresas condenadas, ante la Audiencia Provincial de Zaragoza que anuló las actuaciones realizadas en el juicio contra la empresa Chapman Freeborn, al considerar que no se emplazó correctamente a la compañía, que era la contratista del avión.
