La decisión del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, de ordenar la disolución de la fundación de Mercasevilla por las irregularidades detectadas en la gestión de este organismo merece el mayor esfuerzo de transparencia posible. La decisión se toma tras conocerse el informe de una comisión auditora en el que se reseñaba que la gestión de los ex directivos de esta institución estaba plagada de irregularidades en los apartados de gastos, inversión, pagos, créditos, traspasos y contrataciones de personal.
La auditoría constata que Fernando Mellet y Daniel Ponce, ahora encausados por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a los empresarios de La Raza, actuaron a espaldas de los órganos de gobierno del Patronato y de la propia Mercasevilla. De hecho, dibujan una gestión presidida por el descontrol y en la que se despilfarraba y se cometían irregularidades administrativas por doquier.
La orden de disolución de la fundación, tres años después de su gestación, es de tal gravedad que hay que solicitarle al consejo de administración de Mercasevilla de este lunes que explique con todo detalle en qué consisten tales irregularidades y si justifican una medida de tal calado que, entre otras cosas, deja pendiente el futuro laboral de una plantilla de 30 trabajadores.
Como en cualquier otro caso en el que se han investigado situaciones similares en una entidad pública, lo que se exige es claridad y que se destape qué ha pasado, quiénes han sido los autores y también cómo ha podido existir semejante descontrol en un organismo que, se supone, está sujeto a un control exhaustivo y periódico de sus cuentas.
La Justicia investiga ahora las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la actuación de los dos ex altos cargos municipales acusados por los empresarios de pedirles dinero. En paralelo, el Ayuntamiento debería también depurar las responsabilidades pertinentes por una gestión irregular que daña de forma sustancial la imagen de la corporación municipal.
