El ministerio fiscal cree que Roca se concertó con el ex teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito para comprar una parcela de Puerto Banús que vendieron un año después (octubre de 2002), ganando seis millones de euros. El perjuicio a las arcas municipales fue de cinco millones. La diferencia entre el precio de venta (más de 10 millones) y el de compra (4,3) se debe a la firma de un convenio con el Ayuntamiento que aumentaba la edificabilidad desde los 500 a más de 11.000 metros cuadrados. Se les acusa, entre otros delitos, de blanqueo y contra la Hacienda Pública.
El interrogatorio se desarrolló con educación exquisita; fue casi como un baile entre dos púgiles que guardan mejores golpes para otras rondas, pero el primer asalto también cuenta. Iniciado el intercambio verbal, al filo del mediodía, Roca sorprendió por su brutal sinceridad. El fiscal le preguntó si declaró al fisco español el beneficio de 1,5 millones de euros que obtuvo en esta transacción, a lo que muy tranquilo, contestó: "La pregunta es fácil, señor fiscal. Si yo participo con dinero opaco a las autoridades españolas, difícilmente voy a declarar el beneficio a las autoridades españolas".
Es decir, de un plumazo reconoció que el aporte inicial al negocio, 742.000 euros, era una suma "opaca" que provenía de una venta societaria anterior. Ese dinero, tras el acuerdo urbanístico, se duplicó. Y se repartió en una fiducia suiza -figura legal pero destinada a ocultar los titulares de una inversión- que compró las participaciones de la sociedad Yambali, propietaria del terreno. Roca admitió que recibió los beneficios a través de una fundación de Liechtenstein.
Hizo la inyección inicial con cheques y 50.000 euros en efectivo. Asumió el 15% de la inversión, como San Agapito, Román el 62% y Hoffmann el 7,5%.
Sí arrojó luz sobre la forma en la que se negoció el convenio: Pedro Román habló con el entonces alcalde, Jesús Gil, que según Roca fue quien fijó el incremento de edificabilidad, lo que permitía al consistorio ingresar más dinero. "El señor alcalde determinaba las condiciones siempre. La oficina de planeamiento, que yo dirigía, elevaba las propuestas, pero si él no daba el visto bueno, no se hacía realidad", aclaró. "Precisamente por ser Román no se le iban a mantener los parámetros fijados", alegó.
El aumento de edificabilidad supuso que se pagasen al consistorio 240 millones de pesetas, frente a los 60 previstos en el primer acuerdo urbanístico que rubricó Gil con Yassin Dogmoch, propietario original del terreno. Así, Roca se presentó como defensor del consistorio: "Yo no iba a decir al tasador que me modifique el precio al alza, sino que lo que hice fue poner un mayor aprovechamiento al ayuntamiento, un 22%, para cuadrar".
El fiscal le preguntó si el resto de inversores le informó de los avances de la operación: "Lo único que tengo estaba en el trastero de mi casa. Usted sabrá, allí había dos hojas con las notas que yo recogía de las conversaciones con Hoffmann". Recordó que se están archivando las últimas diligencias por delitos contra la ordenación del territorio abiertas en su contra a petición fiscal: "No existe ningún dato objetivo que permita afirmar que Juan Antonio Roca Nicolás influye, decide o actúa para que se dé una licencia urbanística", concluyó.
