El dueño de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, encarcelado desde octubre de 2008 por una presunta estafa piramidal con 1.653 afectados, negó ayer haber engañado a 33 compradores de pisos en Bulgaria, si bien indicó que rompió los contratos con el comprador búlgaro y que no recuerda su nombre.
En su quinta comparecencia ante la juez de instrucción 17 de Sevilla, Salas aseguró que los compradores "sabían que podían perder la señal" entregada, porque cuando se escrituraron los inmuebles él ya estaba en prisión, y explicó que "cuando empezaron los problemas, ninguno se quería quedar con el piso", por lo que algunos renunciaron a la señal de 18.000 euros para no tener que poner más dinero.
Por esta rama de la presunta estafa de Contsa existen 33 denunciantes, algunos de los cuales llegaron a dar la señal para dos o cuatro pisos en la capital búlgara, aunque los administradores judiciales de la compañía únicamente tienen constancia de 16 inmuebles (siete apartamentos con garaje y dos sin garaje).
Según los denunciantes, Contsa ofreció a sus inversores una primera aportación de 18.000 euros como señal, que a los dos años se devolverían con rendimientos de otros 18.000 euros o con la opción de formalizar el contrato de compra por 72.000 euros.
Fuentes del caso informaron de que Salas declaró a la juez que firmó tantos contratos de reserva como pisos tenía, y negó, a preguntas del fiscal, haber vendido un total de 150 pisos, como afirmó un apoderado de su empresa que declaró como imputado en 2008.
No obstante, el empresario precisó que no dispone de los documentos que firmó con el constructor búlgaro y que no recuerda su nombre.
Los compradores entregaban esas cantidades con financiación de Cartuja Financiera, una de las empresas del Grupo Contsa, y "sabían las condiciones en las que compraban", y por eso le denunciaron cuando tuvieron que pagar el préstamo, según su declaración.
Salas fue trasladado al juzgado desde la cárcel de Sevilla, donde cumple prisión por presuntos delitos de estafa piramidal, falsedad contable, administración desleal e insolvencia punible en la gestión de su empresa, que presentó suspensión de pagos en febrero de 2008.
Según el informe de los administradores judiciales, Contsa tiene un déficit de 86,8 millones de euros entre el activo de 28,4 millones y el pasivo de 115,2 millones, que debe a 1.653 afectados.
En la causa penal por esta presunta estafa han sido imputados hasta ahora el dueño de la empresa, su esposa, un apoderado, varios empleados y el presidente de la Asociación de Afectados de Contsa, imputado por cobrar 200.000 euros cuando ya se conocían los problemas de liquidez.
