El cambio de titular en el departamento de Salud, a pesar de que la anterior consejera permanece en el gabinete (ahora frente a la cartera de Hacienda) ha supuesto un cambio de rumbo en la gestión de la Dependencia en Andalucía. Al menos así se lo hizo saber la nueva responsable del ramo, María José Sánchez Rubio, al sector que se encarga de atender este servicio. De momento, la consejera confirmó ayer a los principales responsables de las residencias para dependientes que la orden que iba a suprimir la reserva de plazas concertadas en centros privados (unas 2.800 en Andalucía) va a quedar aparcada. La consejera advirtió de que el escenario presupuestario sigue siendo desolador, debido a los recortes del Gobierno central a la financiación de la ley, y que la orden que elaboró su antecesora, María Jesús Montero, no está anulada ni suspendida, sólo aparcada. Sánchez Rubio ha aceptado renegociar desde el principio la gestión de la Dependencia en residencias, pero para ello solicitó ayer al sector que elaboren un mapa de oferta y demanda de plazas en todo el territorio. Salud, por su parte, también elaborará su propio mapeo, y dentro de 15 días volverá a reunirse con el sector para contrastar los datos y ver dónde están las necesidades. La consejera explicó a los directores de las residencias que algunos municipios cuentan con más de un centro, mientras que otros donde hay más necesidades no tienen ninguna plaza. El coste de mantener estas reservas es elevadísimo y es necesario estudiar al detalle dónde se pueden seguir manteniendo y dónde no, concluyó la consejera, según coincidieron varios de los asistentes.
Hasta ahora, la Junta mantenía una reserva de plazas no ocupadas en residencias privadas para cubrir la falta de estancias en centros públicos. Salud costea el 60% de esas vacantes, cuyo precio público ronda los 1.500 euros. Las empresas no pueden ofertarlas a la tarifa de mercado. El borrador de la norma que soliviantó al sector eliminaba la obligatoriedad a seguir pagando esa reserva, pero las residencias seguían sin poder convertir esas plazas en privadas. Por cada cinco vacantes por las que la Junta paga el 60% se podrían haber atendido una plaza y media, recordó ayer el presidente de la fundación Lares Sector Solidario, José Manuel Olmedo.
Sánchez Rubio acordó ayer con el sector crear un grupo de trabajo específico para buscar soluciones a la situación de la Dependencia, que abordará nuevas fórmulas de pagos de las ayudas. La Junta mantiene deudas con 20.000 familias. Al encuentro de ayer asistieron responsables de la Federación Andaluza de Atención a la Dependencia (FAAD), de Lares-Andalucía y de las cooperativas de economía social (Faecta).
Todas las organizaciones, que llevaban meses esperando a que la anterior consejera les recibiera (el encuentro nunca se produjo) elogiaron ayer la prontitud con la que la nueva responsable de Salud les ha recibido, y agradecieron el conocimiento y la implicación de Sánchez Rubio para evitar que la dependencia no se vaya a pique. La nueva consejera fue ponente en el debate sobre la Ley de Dependencia. Reordenar el mapa de residencias públicas, privadas y concertadas en Andalucía no parece tarea fácil. Tanto la administración como el sector carecen de datos definitivos. El último recuento, de 2011, habla de 11.160 plazas concertadas en residencias de ancianos y discapacitados. La mayoría de conciertos los gestionan ayuntamientos y diputaciones con las principales firmas del sector.
