Salud tiene a 29.500 andaluces diagnosticados con un trastorno mental grave. Estas personas reciben un seguimiento sociosanitario continuado por parte de la Junta. Esta es la forma de atender a estos pacientes desde que a partir de 1984 se iniciara el cierre de los manicomios con la reforma psiquiátrica en toda España.
Los datos de enfermos mentales graves registrados por el sistema sanitario indican que no existe una bolsa importante de pacientes sin diagnosticar afectados por algún tipo de dolencia psíquica de gravedad puesto que, según indica el coordinador autonómico de Salud Mental, Rafael del Pino, "los casi 30.000 andaluces que existen diagnosticados coinciden con el porcentaje de incidencia de estas patologías en la sociedad, que está entre dos y tres casos por cada mil personas".
Del Pino, con todo, aclara que este dato se refiere a estados graves o muy graves de las enfermedades mentales, porque éstas, asegura, son mucho más habituales de lo que todo el mundo piensa. Los números hablan por sí mismos: según los datos sobre prevalencia que aporta el II Plan Integral de Salud Mental (2008-2012), presentado el pasado jueves, en Andalucía un 20,1% de la población mayor de 15 años está en riesgo de padecer alguna patología mental (21,3% en España). El porcentaje en hombres es de un 14,6%, mucho menor que en mujeres, de un 25,4%. Andalucía ocupa el undécimo puesto entre todas las comunidades.
La consideración de patología mental grave, detalla Del Pino, "no sólo depende de la gravedad de los síntomas sino también del tipo de medicación que vaya a recibir el paciente mental, de la duración de ese tratamiento o del tiempo que duren los síntomas".
Del Pino valora el esfuerzo de la administración andaluza en poner en marcha recursos asistenciales para estos enfermos tras la reforma psiquiátrica, que apostó por el cierre de los manicomios en aras de que los pacientes mentales se cuidaran en su entorno familiar y social. "El último de los hospitales psiquiátricos que se cerró en Andalucía fue el de Granada, en 2001 -afirma Del Pino-, y desde entonces la Junta ha aprobado dos planes de salud mental en la comunidad (2003-2007 y 2008-2012)".
Deficiencias y retos. El aumento de recursos sanitarios y de atención social que supuso la puesta en marcha del primer plan, a punto de expirar, es reconocido por las familias, aunque éstas siguen viendo carencias importantes en la atención a los pacientes mentales en Andalucía.
"Aún existen déficits en la atención residencial, en las unidades de respiro familiar y en rehabilitación, una faceta que consideramos fundamental porque el gran problema de estas patologías es que el enfermo no es consciente de que la padece", explica Rocío Lozano, presidenta de la Asociación de Allegados de Enfermos Esquizofrénicos de Sevilla (Asaenes).
Lozano asegura también que el seguimiento a los pacientes diagnosticados como graves "debería ser mejor porque aún hay casos en los que el enfermo se pierde y deja de estar controlado por los servicios médicos y sociales", y alerta del estado "tercermundista de algunas unidades de agudos, como la de Sevilla, que no tendría que estar abierta".
La presidenta de Asaenes destaca el avance que ha supuesto la Ley de Dependencia en la atención a los pacientes mentales. Según Lozano, "existen casos en Andalucía con enfermos de estas características a los que se les ha reconocido una dependencia severa y ya reciben su prestación".
Rafael Del Pino reconoce que el reto para la Consejería de Salud sigue siendo poner en marcha dispositivos para favorecer la rehabilitación con las familias y los indigentes. "Se calcula que en Andalucía unas 15.000 personas viven en la calle (100.000 en España) y de ellas sufren algún trastorno mental diagnosticable y tratable, si bien no necesariamente grave, entre un 20% y un 30%".
