El abogado de dos directivos de Sando imputados por la compra "fraudulenta" de los terrenos de Mercasevilla ha asegurado que "en modo alguno" es cierto que regalasen una casa al ex asesor del PSOE Domingo Enrique Castaño, por lo que ha pedido que éste aporte las escrituras de sus pisos.
En un escrito dirigido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de los empresarios sostiene que el interrogatorio de la juez a Castaño, el pasado jueves, contenía afirmaciones que han causado a dicha constructora un "grave e injustificado descrédito".
Ante la decisión del ex asesor del PSOE de acogerse a su derecho a no declarar, la juez hizo constar por escrito las preguntas que pensaba hacerle, entre ellas dos relativas a si el concurso para la venta estaba "amañado" de antemano para que lo ganase Sando y si dicha empresa, en "contraprestación a los servicios prestados", fichó posteriormente a Castaño y le regaló una casa.
Ahora, el abogado de Sando pide a la juez que requiera a Castaño las escrituras de adquisición de todas sus viviendas o inmuebles, con el fin de "acreditar que en modo alguna ha ocurrido tal hecho a que se refiere la pregunta, que causa grave e injustificado descrédito a esta parte".
Castaño, décimo imputado que compareció ante la juez que investiga la venta de los terrenos de Mercasevilla, en febrero de 2006, se acogió a mitad de su comparecencia a seguir respondiendo preguntas por la negativa de la juez a grabar el interrogatorio y porque su abogado entendió que no se estaban salvaguardando sus derechos procesales.
Castaño ha sido imputado como ex miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla y ex director del área de Vía Pública del Ayuntamiento, y en sus primeras respuestas negó que el concurso estuviera "predeterminado" y aseguró que con Sando mantenía las mismas relaciones que con cualquier otro proveedor municipal.
En esta vertiente del caso Mercasevilla se investiga lo que la juez ha denominado "venta fraudulenta" de los terrenos a Sando, pues supuestamente su oferta era "antieconómica y contraria al interés general", y en ella están imputados varios directivos de la empresa pública, los técnicos que redactaron las cláusulas y tres altos directivos de la empresa compradora.
Otras diligencias se refieren a la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza de hostelería, dentro de la cual el próximo miércoles están citados los cuatro imputados para la comparecencia prevista en la Ley del Jurado, en la que el fiscal y las acusaciones concretarán los delitos que les imputan.
