El Gobierno de Nicolas Sarkozy cerró filas ayer para defender la actual política de expulsiones de gitanos y rebatir las innumerables críticas que está generando, las últimas desde la Iglesia católica y el propio Papa Benedicto XVI.
La reacción del Ejecutivo galo surge tras el mensaje que el Papa lanzó el domingo después de la oración del Ángelus. En el discurso, el Pontífice atacó con dureza, aunque sin citarla expresamente, la ofensiva gala contra el colectivo gitano. Asimismo, Benedicto XVI apeló a saber acoger las "legítimas" diferencias humanas. Al igual que el Papa, otros dos representantes de la Iglesia católica en Francia censuraron abiertamente las medidas del Ejecutivo contra los gitanos. Uno de ellos, el padre Arthur Hervet, llegó a decir públicamente que reza para que Sarkozy tenga una crisis cardiaca que le impida seguir adelante con su "guerra" contra los gitanos. "Rezo, os pido perdón, para que el señor Sarkozy tenga una crisis cardiaca", dijo este sacerdote, muy conocido por su apoyo a la comunidad gitana.
El ministro del Interior, Brice Hortefeux fue el primero en responder, y lo hizo invitando al presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, André Vingt-Trois, a un encuentro para analizar y explicarle su versión de esta polémica. "Estoy plenamente dispuesto a recibir, si él lo desea, al presidente de la Conferencia Episcopal (...) acompañado de quien quiera", según Hortefeux, quien insistió en que estará "encantado" de escuchar "lo que me tengan que decir". El cardenal, por su parte, ya le ha tomado la palabra y, a través de varios medios de comunicación galos, aceptó su propuesta.
También el ministro de Inmigración, Eric Besson, se refirió al mensaje del Papa en el que apelaba a la "fraternidad universal", algo en lo que Francia aventaja a muchos otros países, agregó Besson. "Somos el segundo país del mundo, después de Estados Unidos (...) en materia de asilo", añadió Besson. Además, según el dirigente francés de Inmigración, en el caso de los extranjeros en situación irregular, Francia aplica las normas "más respetuosas" a este colectivo.
Mientras tanto, la oposición, sigue hablando de política vergonzosa, peligrosa y racista, no sólo en lo que afecta a los gitanos, sino en términos de seguridad en general. Sin embargo, a pesar de las críticas que esta medida está suscitando, el Gobierno hace caso omiso y prosigue con las expulsiones y el desmantelamiento de campamentos ilegales. En menos de un mes, se han evacuado 88 instalaciones de ese tipo y se ha deportado a más de 200 gitanos, a los que se añadirán otros 600 en los próximos días.
Esta polémica coincide con el anuncio de una encuesta en Francia, que revela que el 55% de los franceses quiere que la izquierda gane las próximas elecciones presidenciales.
