El Gobierno de Bolivia levantó el domingo el estado de sitio en la región de Pando (norte), pero anunció que seguirá trabajando en esa región para "garantizar la vida y la seguridad de las personas" porque aún hay "amenazas" y temor entre la ciudadanía.
Así lo dijo el ministro de Defensa, Walker San Miguel, en una entrevista a los medios estatales Televisión Boliviana y Radio Patria Nueva coincidiendo con el restablecimiento de las garantías constitucionales que habían sido restringidas con la medida de excepción, decretada en septiembre pasado.
Agregó que los efectivos militares que se trasladaron a Pando por esa circunstancia "no se replegarán", sino que se incrementarán en 300 para llegar a 1.500, a los que se sumarán otros 300 policías para "garantizar la seguridad en Cobija, Filadelfia, Porvenir y los lugares afectados por quienes mataron a ciudadanos".
El Gobierno de Evo Morales decretó el estado de sitio en la región de Pando para poner fin a una ola de violencia que causó la muerte de alrededor de 20 personas, la mayoría campesinos seguidores del mandatario. El Ejecutivo responsabilizó de la matanza al ex prefecto de Pando, el opositor y autonomista Leopoldo Fernández, quien se encuentra detenido en una cárcel de La Paz.
La "Comisión de la Verdad" enviada por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para investigar y coordinada por el argentino Rodolfo Mattarollo adelantó esta semana en Buenos Aires parte de lo que será su informe, en el que se califica lo ocurrido como "masacre" de campesinos. Mattarollo tiene previsto presentar el día 25 de noviembre este informe a la presidenta pro témpore de Unasur, la gobernante chilena Michelle Bachelet.
San Miguel anunció además que el próximo año se creará un comando amazónico para reducir los costos que supone trasladar a militares de otras regiones a ésta para reforzar la seguridad. El titular de Defensa justificó esta medida porque "no ha finalizado el proceso de amenazas, hay todavía temores y comunidades amenazadas por gente que ha dicho que se va a vengar y esto el Estado no lo puede permitir".
San Miguel se refirió también a los ciudadanos que tras los sucesos huyeron a la ciudad brasileña de Basilea, fronteriza con Cobija, la capital pandina. Explicó que en consultas realizadas con las autoridades brasileñas se notificó que "en ningún caso han sido más de 150 personas, que se han registrado en Basilea y unas 35 las que han pedido la condición de refugiados" del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El ministro aseguró que "se hará justicia" a la hora de decidir quiénes de estas personas podrán retornar a su actividad normal y a quién se juzgará. "Aquellos que conscientemente saben que han estado vinculados a estas acciones temerarias de tomar instituciones, amenazar a ciudadanos que pensaban distinto o hayan participado como miembros de grupos de choque de la prefectura y del comité cívico tendrán que responder a la Justicia", afirmó.
