De alerta naranja o incluso roja es el otoño que espera a Zapatero. No será por la temperatura prevista, sino por los frentes abiertos que abordará en estos meses. El Gobierno ya da por concluida la breve tregua estival consciente de que tiene por delante duras semanas de negociaciones, con los presupuestos del próximo año como principal batalla, la sombra de su primera huelga general y la incertidumbre de las elecciones catalanas.
Precisamente, el presidente de la Generalitat, José Montilla, deberá convocar las comicios catalanes hoy si quiere que se celebren el domingo 24 de octubre, informaron a Europa Press desde el Govern. Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), debe discurrir un mínimo de 54 días desde que la fecha de celebración.
Para diseñar su estrategia, Zapatero presidió el pasado jueves de manera excepcional la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, una reunión con los ministros responsables de Economía, Política Territorial, Trabajo, Industria, Medio Ambiente, y Ciencia e Innovación tras la que quedó claro el fuerte recorte que sufrirán los Presupuestos Generales del Estado de 2011.
El trabajo de conseguir apoyos para este proyecto será arduo porque, de momento, no cuenta con ningún voto de la oposición, aunque ha admitido que está en conversaciones con el PNV, el partido que, junto a Coalición Canaria, permitió que salieran adelante las cuentas de este año.
No se esperan sorpresas con la reforma laboral, que previsiblemente quedará aprobada el 9 de septiembre tras la última votación del Congreso, pero ella es el origen de la huelga general que ultiman los sindicatos para el próximo 29 de septiembre. Ante el paro, el Gobierno se ha limitado a manifestar su respeto y a confiar en que no suponga una quiebra definitiva del diálogo social, ya que su objetivo es negociar con empresarios y sindicatos un cambio de las políticas de empleo.
Otra de las reformas de calado que tiene entre manos el Ejecutivo es la de las pensiones, un proyecto que quiere presentar antes de fin de año y en el que aspira a retrasar la edad de jubilación a los 67 años y aumentar los 15 años del periodo para el cálculo de las pensiones.
Junto a la gestión de la crisis y las reformas y ajustes comprometidos, una importante patata caliente de este otoño será rescatar el Estatuto de Cataluña tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en plena precampaña de las elecciones a la Generalitat. Ya ha avanzado el Gobierno que su objetivo es reformar la ley orgánica del Poder Judicial para adecuar los Consejos de Justicia autonómicos a la sentencia, y estudiar con la Generalitat la transferencia de nuevas competencias.
El Gobierno vasco también está pendiente del traspaso de las políticas activas de empleo, una de las posibles monedas de cambio en la negociación de los presupuestos con el PNV.
Los socialistas también quieren negociar con el PP la largamente postergada renovación del TC y, de forma paralela, pactar la designación del nuevo Defensor del Pueblo.
No se esperan alteraciones en la política antiterrorista mientras se ultiman los cambios legislativos que permitirán por primera vez expulsar de sus cargos a personas elegidas en listas de partidos ilegalizados con posterioridad. Esta reforma debería estar lista antes de las elecciones municipales y autonómicas, unos comicios que contaminarán el debate político ya este otoño.
Tras el último atentado en Afganistán, el Ministerio de Defensa se centrará en revisar la estrategia en el país en el marco de la OTAN, que celebrará en noviembre su próxima cumbre.
En el área sanitaria, con la ministra Trinidad Jiménez inmersa en las primarias para optar a ser la candidata socialista a la Comunidad de Madrid, el Congreso continuará con la tramitación de la ley que prohibirá el consumo de tabaco en todos los lugares públicos cerrados, una norma de consenso en el Parlamento pero que ha generado un importante oposición en la patronal de la hostelería. También está previsto aprobar en septiembre la ley de seguridad alimentaria y nutrición, que limitará la venta de productos que no cumplan unos determinados criterios saludables en los colegios; y la ley de salud pública, que definirá la carta de derechos y deberes de los ciudadanos en el ámbito sanitario.
El mundo de la cultura también espera que se acelere la tramitación de la Ley de Economía Sostenible para contar con un mecanismo con el que luchar contra las descargas ilegales en internet, ya que la norma se encuentra desde marzo en el Congreso y el plazo para presentar enmiendas se ha ampliado 10 veces.
Concluido el semestre de la presidencia española de la UE, está pendiente la celebración de la cumbre de la Unión por el Mediterráneo, prevista para noviembre en Barcelona.
Otra de las visitas importantes que se espera es la del Papa a Santiago de Compostela y a Barcelona en noviembre, y está en el aire la del presidente estadounidense, Barack Obama. Entre las fechas barajadas, está también el mes de noviembre, cuando Lisboa acogerá la cumbre de la OTAN y la reunión entre la UE y EEUU.
