La muerte del disidente cubano Orlando Zapata y la supuesta vinculación de Venezuela con ETA y las FARC sacaron ayer al Congreso del monopolio económico en que se sumergen las sesiones de control. Y es que, aunque el IVA volvió a ser uno de los protagonistas de la jornada política, el líder del PP, Mariano Rajoy, aprovechó ambos episodios diplomáticos para atacar al presidente Rodríguez Zapatero.
Así, mientras Rajoy pidió mayor contundencia con Hugo Chávez para que no parezca que "insultar a España es gratis", la portavoz de su grupo, Soraya Sáenz de Santamaría, se ocupó nuevamente del frente económico y le dijo a la vicepresidenta Elena Salgado que en el Gobierno, además de De la Vega, también sobra ella.
Al otro lado del hemiciclo, el presidente del Gobierno intentó sacar los colores a Rajoy por polemizar con cuestiones "de Estado" como la política exterior, sea con Cuba o con Venezuela, y le emplazó a mantener una posición "constructiva" y compartida, máxime cuando el caso de Venezuela afecta a la lucha contra ETA. Rajoy le explicó que sí tiene una actitud "constructiva", pese a los papeles "incomprensibles" del Gobierno en la escena diplomática y le dio varias recetas para tratar a Cuba que -remarcó- "sigue siendo una dictadura", como invitar a disidentes a la celebración de la fiesta nacional en la Embajada de España.
Precisamente ayer, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió al Gobierno de Cuba, además de al de Venezuela, el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por sus sospechas de que los interlocutores que ETA tenía con las FARC estuvieran residiendo en la isla.
El auto dictado por el juez Velasco el pasado día 1 habla de posibles indicios de una eventual cooperación del Ejecutivo de Caracas para que ETA y las FARC pudieran entablar una alianza.
La investigación lleva también a Cuba, puesto que el etarra José Ángel Urtiaga Martínez, considerado el primer interlocutor con la guerrilla colombiana, vive allí.
Los impuestos. El de ayer fue el segundo pleno de control en el que no compareció la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Su escaño, físicamente, fue ocupado por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, quien fue muy fotografiada al comienzo de la sesión.
Luego, cuando le correspondió contestar a Soraya Sáenz de Santamaría, se movió un puesto para hacerlo desde su sillón. La portavoz del PP le planteó el enigma de quién dirige la política económica del Ejecutivo socialista, ante la sospecha de que "ella, precisamente ella, no".
No abandonó la portavoz popular la campaña anti-IVA que practica el PP desde que el Gobierno decidió el alza de este impuesto y sacó a la palestra las cuatro cosas que "siempre suben" cuando gobiernan los socialistas: paro, déficit, deuda e IVA. Salgado negó que haya descoordinación en un Gobierno cuya política económica calificó de "coherente", y procuró demostrar la "hipocresía" de los "populares".
El motivo, que en las autonomías y ayuntamientos donde gobiernan "no sólo tienen un déficit bien gordo, sino que además suben los impuestos", como ha hecho Alberto Ruiz-Gallardón con el llamado "basurazo" de la capital. Así, les instó a aplicarse el cuento y a sumarse a los acuerdos anticrisis, aunque se mostró muy escéptica al respecto porque los del PP son, para esta vicepresidenta, "campeones en decir una cosa y practicar la otra".
Así las cosas, pese a que los partidos están inmersos en la negociación del pacto de Estado contra la crisis, el consenso no acaba de llegar. Pleno a Pleno, el acuerdo se va haciendo más difícil. El duro debate de ayer se produjo justo un día después de que los partidos se pusieran de acuerdo en algo: en la bajada de los impuestos a las obras para la rehabilitación de viviendas. Por ahora, no coinciden en nada más.
