Con un planteamiento muy genérico, el Gobierno presentó el jueves las bases de la nueva financiación autonómica. Quiere garantizar la suficiencia de las comunidades (el Estado aportará fondos extra) y darles más autonomía. Hace suya la cesión de tributos que planteó la Junta.
El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, presentó ayer diez bases para el nuevo sistema de financiación, a 23 días de que expire el plazo que da el Estatuto de Cataluña para que esta comunidad y el Gobierno se pongan de acuerdo sobre nuevos principios. Antes de que eso ocurra, Solbes hizo una comparecencia pública para anunciar que el Estado está dispuesto a aportar recursos adicionales al sistema de financiación, un extremo descartado en los últimos meses debido a la negativa coyuntura económica y también por principios. De hecho, en diciembre de 2006 el Gobierno de Zapatero presentó un diagnóstico de la financiación autonómica en la que avisaba de que "la discusión sobre el nuevo modelo de financiación no debe centrarse en la aportación de recursos adicionales por parte de la Administración central".
Con comunidades como Baleares, Cataluña o Valencia clamando por que se les reconozca su población real y se les compense por el aumento de la misma, el Gobierno se muestra ahora dispuesto a poner más recursos encima de la mesa para hacer frente a esta situación, en un intento de evitar que la ganancia de unos sea a costa de los territorios que han perdido población (como Galicia). Porque, según la información que facilitó ayer el Ministerio, su prioridad es la "suficiencia global" y la "igualdad" de todos los españoles, vivan donde vivan.
Solbes repartirá más dinero teniendo en cuenta la "población actual" y su "evolución" en los últimos años, según el comunicado emitido por el Ministerio y en función de la disponibilidad presupuestaria. Esos recursos adicionales servirán para "mejorar la capacidad de financiación" en materias como educación, sanidad o servicios sociales. A esos tres servicios quiere limitar Cataluña las garantías de financiación por parte del Estado a todas las comunidades. Ayer Solbes no hizo referencia expresa a esa propuesta, ni tampoco a una de las reivindicaciones de la Junta de Andalucía de considerar de forma específica en el nuevo modelo los servicios educativos, de hecho, el Gobierno no abundó en el diseño del nuevo Fondo de Sufiencia (el que compensa con dinero de todo el Estado lo que cada autonomía no logra financiar con sus tributos).
Y es que el vicepresidente sólo bajó al detalle a la hora de abordar la autonomía financiera. En este punto, se mostró dispuesto a ampliar el margen de maniobra de las comunidades autónomas cediendo "en torno" al 50% del IRPF, el IVA y los impuestos especiales, tal y como dijo el vicepresidente económico del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, en el documento que elevó al Ejecutivo central en abril de 2006. El Estatuto de Cataluña -votado por el PSOE y pactado CiU- prevé que en el caso del IRPF la cesión llegue al 58%. Ayer, el Gobierno central no cerró la puerta a que en las negociaciones futuras se pueda avanzar en ese sentido. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguraron a este periódico que no consideran que la subida de ese porcentaje perjudique a los intereses andaluces.
