La crisis y, sobre todo, el cierre del grifo del crédito han desbaratado todas las previsiones públicas de vivienda. En la época del boom del ladrillo se aprobó una de las normas estrella de la legislatura, la Ley del Derecho a la Vivienda, que traía aparejada la puesta en funcionamiento de los registros municipales de demandantes, las bases de datos donde deben apuntarse los ciudadanos que quieran optar a una VPO. Estos censos son obligatorios desde que entró en vigor la ley, en marzo de 2010, pero a día de hoy sólo funcionan en 288 ayuntamientos (el 37%) y, lo que es más significativo, sólo el 7% de los consistorios andaluces (54) han adjudicado o están en proceso de adjudicar 5.114 pisos protegidos a través de los registros.
Estos son los datos que le constan a la Junta gracias a la herramienta informática que diseñó la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para facilitar la gestión de los registros. El arranque de este instrumento, que sirve para que un consistorio conozca al detalle la necesidad de vivienda protegida que hay en su municipio y diseñe una oferta de VPO acorde a esos cálculos, ha sido más lento de lo previsto. Pese a que el coste corre a cargo de la Administración autonómica, que ha dado subvenciones por 3,5 millones de euros, son los ayuntamientos los que tienen que aprobar sus ordenanzas -hoy en día casi todos las han presentado ya, y consisten en elaborar censos y destinar personal para ello-. Fue a finales de 2010 cuando se produjo un empujón importante a los registros, pero éstos siguen siendo una de las asignaturas pendientes de la consejería, aunque ahora realmente no corran tanta prisa por la caída en picado del sector de la construcción.
Sólo hay que echar la vista atrás para ver cómo la crisis hace que las estimaciones públicas hayan quedado desfasadas. En septiembre de 2009, el entonces consejero del ramo, Juan Espadas, identificó un primer grupo de 136 municipios que, según las previsiones de su departamento, en breve deberían adjudicar más de 15.000 pisos protegidos. A día de hoy, sólo 54 ayuntamientos han entregado 5.114 VPO. De ellas, el 74% corresponden a venta y el resto a alquiler o a arrendamiento con opción a compra.
El propio Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 está ya obsoleto. Fue el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien aseguró hace meses en el Parlamento que las previsiones del plan, elaborado en época de bonanza y que preveía la construcción de 132.000 VPO, ya no sirven. Los sindicatos y empresarios, firmantes del documento, pusieron el grito en el cielo cuando la Junta les planteó rebajar el plan. Ahora lo están negociando en varias mesas de trabajo.
Volviendo a los registros, este sistema prevé una adjudicación más justa de los pisos y se ideó para poner fin a los sorteos, una forma de elegir a los beneficiarios que la administración ve arbitraria. Sin embargo, cada ayuntamiento tiene la libertad de escoger cómo va a adjudicar sus VPO. El 60% de los registros municipales valorados por la consejería seleccionará a sus futuros adjudicatarios mediante el sistema de baremación, el más completo porque fija una puntuación después de valorar muchos requisitos, como los ingresos, la composición familiar, el trabajo o la antigüedad en el padrón. El sorteo se aplicará al 20% de los casos mientras que la antigüedad o fecha de inscripción en el registro, en el 15%. En los registros pueden apuntarse aquellos andaluces que no tengan una casa en propiedad ni superen los 3.100 euros de ingresos familiares al mes. Será el ayuntamiento el que proporcione al promotor una lista con los beneficiarios según los requisitos que cumplan, que incluirá el doble de agraciados para evitar que la denegación de la hipoteca frene la adjudicación de una promoción.
