Emilio de Llera, José Joaquín Gallardo y Rosa Díaz, ayer en el acto de presentación del Instituto Andaluz de Arbitraje. / El Correo
Es una fórmula prácticamente desconocida para la mayoría de los ciudadanos, pero que cada vez está teniendo más éxito en otras comunidades autónomas. El Instituto Andaluz de Arbitraje comenzó ayer su andadura en Sevilla con «la esperanza y la ilusión» de poder extender esta antigua fórmula para solucionar conflictos sin necesidad de tener que acudir a la vía judicial. En sólo seis meses se puede obtener una respuesta que, entre otras ventajas, es mucho más barato que un proceso en los tribunales, pues no hay que pagar tasas.
Esta nueva entidad fue presentada ayer en el Colegio de Abogados de Sevilla, donde su decano, José Joaquín Gallardo, mostró todo su «apoyo» a esta nueva iniciativa que espera poder extenderse pronto «a todas las provincias andaluzas», explicó su presidenta, Rosa Díaz, con la ayuda de la Fundación Mediara, que trabaja por la mediación y el arbitraje. Ella, junto con otros 14 abogados que cuentan con una dilatada carrera profesional, confían en poder «difundir y poner en valor la cultura del arbitraje, porque se trata de una alternativa ágil y rápida frente a la atascada Administración de Justicia». La idea de poner en marcha esta iniciativa parte a partir de un curso que este grupo de abogados realizó sobre arbitraje en la Universidad Pablo de Olavide, donde fueron conscientes de la «necesidad» de fomentar esta fórmula porque, entre otras cosas, «nos dimos cuenta que las tasas judiciales estaban perjudicando el acceso a la Justicia». Una vía además puede aplicarse a casi todas las materias (mercantil, laboral, social, finanzas...).
El propio consejero de Justicia, Emilio de Llera, que también acudió a la presentación, destacó que la ley de tasas judiciales implantada por el Gobierno del Estado «obliga al ciudadano a renunciar a los tribunales por motivos puramente económicos, vulnerándose así el derecho a una tutela judicial efectiva y rompiendo con el principio de igualdad recogido en nuestra Constitución». De hecho, «una de las ventajas de acudir al arbitraje es que no hay que pagar las tasas judiciales, ni tampoco es necesaria la figura del procurador», señaló Díaz.
La presidenta explicó que «el arbitraje es mucho más antiguo que la mediación» y que la diferencia con esta otra vía, «con la que no es incompatible», radica en que en la segunda, una persona ajena al conflicto intenta llegar a un acuerdo con ambas partes acercando posturas. En cambio, el arbitraje consiste en que una persona, experta en la materia, es la que «toma una decisión tras cotejar y analizar todas las pruebas y documentos entregados por las partes, tras lo que dicta un laudo», es decir, un documento que luego se traslada a un juez para que ordene su ejecución.
Un proceso que se inicia cuando las partes, «que tienen que estar de acuerdo en someterse al arbitraje», se ponen en contacto con el Instituto Andaluz de Arbitraje para lo que cuentan con la página web del mismo o acudiendo personalmente a su sede, sita en la calle Luis Montoto 135. Tras este primer contacto se constituye la Corte de Arbitraje formada por tres personas expertas en la materia sobre la que verse el conflicto y que recabara toda la información necesaria. «Otra de las ventajas es que el ciudadano si por algún motivo cree que alguno de los árbitros no es imparcial puede recusarlo». En un plazo máximo, habrá una resolución, que no es recurrible. «Es una vía que desatasca la Justicia y permite una pronta solución a casos como conflictos entre vecinos o herencias», apuntó Díaz.
