Las políticas activas de empleo son medidas que impulsan las administraciones para facilitar que los parados encuentren trabajo y que los ocupados mejoren su cualificación. Son competencia de las comunidades, pero gran parte de los fondos para gestionarlas provienen del Gobierno y de la Comisión Europea. En Andalucía, igual que en otras regiones, las políticas de inserción laboral se han desarrollado a través de cursos de formación para parados y trabajadores (unos 20.000 cursos al año), actividades subvencionadas por la Junta y gestionadas por sindicatos, patronal, ONG y empresas especializadas en formación profesional u otras administraciones (ayuntamientos, diputaciones).
Entre 2007 y 2013, la Junta destinó 2.456 millones a la formación para el empleo, un fondo que ahora está bajo sospecha, investigado por una docena de juzgados andaluces incluido el de la jueza del caso ERE, Mercedes Alaya e internamente por la propia Junta, que además se ha personado como acusación particular en 11 procedimientos judiciales por el supuesto uso irregular que hicieron algunas entidades adjudicatarias de las ayudas. El exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda (dueño de empresas de formación), y el de Empleo, Antonio Fernández, están imputados por delitos de malversación y prevaricación
El Ejecutivo andaluz no se ha remontado en su investigación interna más atrás de 2007 porque cualquier agujero anterior ha prescrito (por ahora ha reclamado el reintegro de 19,3 millones de ayudas sin justificar). Pero Alaya, que aspira a unificar todas las pesquisas y pilotar una nueva macrocausa, ha pedido a la Junta la documentación de todas las subvenciones otorgadas entre 2001 y la actualidad. La última convocatoria de cursos tuvo lugar en 2011 (la adjudicación fue en 2012), de modo que la instrucción que queda por delante abarcaría 12 años de gestión del Gobierno andaluz sobre un fondo de ayudas superior a los 3.000 millones de euros.
Éste es el escenario de fondo del mayor quebradero de cabeza que afronta el gabinete de Susana Díaz en un año electoral decisivo, al final del cual PSOE e IU se juegan la permanencia en San Telmo. El caso de los cursos guarda similitudes con el de los ERE: de nuevo se pone en tela de juicio el correcto uso de fondos públicos para parados, y de nuevo la justicia tiene que aclarar si se ejecutó, se consintió o no se detectó un fraude; si fue responsabilidad exclusiva de las entidades que impartían los cursos, o si la administración tuvo algo que ver (por acción u omisión) en las irregularidades detectadas en el uso de las ayudas (facturas falsas, desvío de fondos, subvención a cursos que nunca se impartieron, con listas de alumnos que jamás fueron a clase, comisiones ilegales por subcontratar las actividades a otras empresas...).
Esta semana ha comparecido ante la jueza Alaya el funcionario Teodoro Montes, jefe del departamento de Gestión de Formación Ocupacional en Sevilla y testigo clave del caso. Él fue quien acudió por su propio pie a los tribunales y a la Guardia Civil después de elevar múltiples quejas a sus superiores para denunciar irregularidades en la gestión de los cursos. Su trabajo en la delegación provincial de la Consejería de Empleo consistía precisamente en vigilar que las entidades que habían recibido las subvenciones para impartir la formación a parados cumplían con los objetivos que se marcaron.
La declaración de Montes ante Alaya se ha prolongado cinco días. En el segundo acusó a CCOO y UGT y a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) de haber cobrado comisiones ilegales del 20% de las ayudas por subcontratar cursos a otras empresas. También denunció que una fundación pública de la Junta (Faisem) había anestesiado a alumnos discapacitados para que soportaran las condiciones insalubres en las que recibían los cursos. El tercer día se retractó de la denuncia contra la patronal, pero no contra los sindicatos. CCOO, UGT y la fundación Faisem anunciaron sendas querellas contra el funcionario por difamación. El quinto día, se supo que Montes está imputado por falsedad en un tribunal de Coria, y éste admitió que había ido expresamente a denunciar el caso al juzgado de Alaya (donde le remitieron a la Guardia Civil).
Lo que iba a ser un testimonio clave ha revelado fisuras en su relato, y los letrados de la Junta hurgarán en esas contradicciones. Además, al admitir que buscó expresamente el juzgado de Alaya para presentar sus denuncias, Montes podría arrebatarle (sin quererlo) a la jueza una causa que ahora está en sus manos porque, en teoría, se desprendía de la instrucción de los ERE que ella ha coordinado.
