El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz decidió acatar el dictamen de la Abogacía del Estado que obliga a empadronar a todos los indocumentados, aunque no está de acuerdo con su contenido, por lo que advirtió de que seguirá trabajando contra el "hacinamiento" y los "pisos patera".
Así lo indicó el Consistorio de Torrejón de Ardoz en una nota de prensa difundida ayer, donde señala que el Ayuntamiento -gobernado por el PP- "se ve obligado a retirar" el requisito que impedía empadronarse en este municipio a quienes vivieran en pisos de menos de 20 metros cuadrados o tuvieran pasaporte con el visado de turista.
El Gobierno municipal de Torrejón recuerda que en los últimos siete años la inmigración "se ha desbordado" en esta localidad hasta representar el 20% de la población total, de manera que se ha convertido "en la ciudad de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid con el mayor porcentaje de inmigrantes". Por ello, instó al Ejecutivo de España a que modifique las leyes que regulan estas situaciones y a que aumente las ayudas económicas a los municipios para integrar a los inmigrantes.
Pero esta decisión tampoco ayudó a superar el debate sobre la inmigración. El PP, a través de su secretaria general, María Dolores De Cospedal, exigió ayer la configuración de un marco único estatal en el que se establezcan los derechos y libertades de los extranjeros en España, de modo que tal reconocimiento dependa sólo del Gobierno, nunca del padrón ni de los alcaldes. De Cospedal, en la conferencia de prensa que ofreció después de la reunión del Comité de Dirección, insistió en que ésta es la exigencia del PP ahora que el debate sobre la inmigración legal e ilegal se ha instalado en la opinión pública a raíz de las polémicas surgidas en los consistorios de Torrejón (Madrid) y Vic (Barcelona).
Un debate del que se hizo eco ayer el Comité de Alcaldes del PP, reunido en la sede nacional, toda vez que ha trasladado algunas propuestas para la regulación de los derechos de los extranjeros, como la prohibición de las regularizaciones masivas, un mayor control de las fronteras, el contrato de integración, más eficacia en las expulsiones, así como que éstas sean preferentes cuando deban aplicarse a inmigrantes con penas superiores a seis años.
Ante este discurso el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó al PP de "hacer incursiones" por la extrema derecha "por miedo a perder ese electorado", con propuestas que "cambian de día en día y son cada vez más disparatadas" y provocan "una confusión terrorífica". En materia de inmigración, Rubalcaba aseguró que Europa "necesita inmigrantes para cubrir sus puestos de trabajo y garantizar su sistema de bienestar" y advirtió que "nunca ha habido papeles para todos", como critica el Partido Popular.
