Más de tres años después de que el brasileño Jean Charles de Menezes fuera tiroteado a quemarropa por dos agentes que lo confundieron con un terrorista suicida, ayer arrancó en Londres la investigación pública sobre su muerte con la que su familia espera "conocer la verdad".
"Estos serán unos meses largos y dolorosos, pero estaremos aquí hasta el final para conocer la verdad", declaró a la prensa una prima del joven, Patricia da Silva Armani, a las puertas del estadio de crícket del sur de Londres donde se ha improvisado un tribunal para acoger la pesquisa, dada la expectación generada por el caso.
Patricia acudió a la vista acompañada por Alex y Alessandro Pereira, también primos de Menezes, y amigos y simpatizantes de la campaña "Justice 4 Jean" ("Justicia para Jean"), que repartieron panfletos titulado "Tres años y sin Justicia" y llevaban camisetas con la fecha del trágico suceso.
También pedía "Investigación, no encubrimiento" una pancarta colgada por simpatizantes de esa campaña en un edificio frente al estadio donde se desarrollará la pesquisa durante las próximas doce semanas, no muy lejos del lugar donde se produjo la muerte.
Se espera que más adelante vuelen desde Brasil la madre del joven brasileño, María, y su hermano Giovani para asistir a la vista en la que presten declaración los oficiales que apretaron el gatillo.
Será la primera vez que se oiga el testimonio de esos agentes, identificados como "Charlie 2" y "Charlie 12", y que la familia del joven pueda interrogarlos a través de su abogado, Michael Mansfield, el mismo que representó a Mohamed Al Fayed en la investigación sobre la muerte de Diana.
La pesquisa tiene como objetivo determinar "cómo se produjo" la muerte del joven, "que no estaba vinculado ni con atentados, explosiones ni forma alguna de terrorismo", afirmó hoy el magistrado Michael Wright al abrir la investigación.
"Nadie está acusado aquí de delitos penales. (...) Aquí no hay acusación, ni defensa. De lo que se trata sólo es de buscar la verdad", dijo el juez a cargo del caso a los once miembros del jurado, seis mujeres y cinco hombres.
Que se descubra la verdad y se haga justicia es precisamente lo que han pedido la familia y los amigos del joven desde aquel trágico 22 de julio de 2005, cuando el joven fue acribillado a tiros en un vagón de metro de la estación de Stockwell (sur de Londres).
La muerte de Menezes se produjo un día después de los atentados fallidos del 21 de julio del 2005 (21-J) contra la red de transporte de Londres, que pretendían ser un calco de los ataques del 7 de julio anterior, que causaron 56 muertos y más de 700 heridos.
De hecho, el joven, que tenía 27 años y trabajaba como electricista, fue confundido con uno de los autores de los ataques fallidos del 21-J que vivía en su mismo bloque de pisos.
Al salir aquella mañana a trabajar, Menezes, ajeno a la persecución montada en torno suyo, fue seguido por los agentes en su trayecto en autobús hasta la estación de Stockwell y, una vez allí, perseguido hasta el vagón donde fue acribillado a tiros ante el estupor del resto de viajeros.
Alrededor de un centenar de personas están llamadas a declarar en la investigación, de las que 65 son policías y 48 prestarán declaración bajo el anonimato, entre ellos los agentes que apretaron el gatillo, que se han reintegrado al servicio en operaciones antiterroristas tras permanecer un año apartados.
Otro testigo clave será Cressida Dick, responsable directa de la operación y que fue absuelta de toda responsabilidad en noviembre pasado por un jurado.
El resultado de la pesquisa puede ser determinante para el futuro del comisario jefe de Scotland Yard, Ian Blair, quien ha mantenido siempre que no ser enteró de que la persona fallecida era inocente hasta 24 horas después de lo sucedido.
La investigación, similar a la que se desarrolló sobre la muerte de Diana de Gales, es un procedimiento previsto en la ley británica para determinar las causas de una muerte en circunstancias violentas o no aclaradas.
La Fiscalía británica rechazó procesar a ninguno de los agentes que participaron en la operación, que tampoco han sido objeto de medidas disciplinarias.
El año pasado, la Policía Metropolitana de Londres (MET) en su conjunto fue declarada culpable por su actuación en este caso de violar una ley de prevención de riesgos laborales que obliga a las fuerzas del orden a garantizar la seguridad también de aquellos que no son sus empleados.
