Agentes de la Policía Judicial y el Fiscal de Baleares se personaron ayer viernes en dependencias de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia para tomar declaración como testigos a diversos trabajadores de la empresa en relación con las diligencias de investigación que se están llevando a cabo sobre las actividades del Instituto Nóos, fundado por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, según informó Cacsa en un comunicado.
En este sentido, el juez que instruye la pieza separada y declarada secreta del caso Palma Arena imputó a dos exdirectores de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), Jorge Vela y José Manuel Aguilar. Asimismo, se imputó a una tercera persona, cuya identidad no ha trascendido, según recoge el diario El Mundo en su edición digital.
La orden del titular del juzgado de Instrucción Número 3 de Palma de Mallorca, se conoció después de que el fiscal del caso se trasladase personalmente a _Valencia para continuar con las pesquisas.
De hecho, el jueves pasado ya declararon tanto Vela, director de Cacsa entre 2005 y 2009, como de Aguilar, su antecesor y responsable de esta empresa pública entre los años 2002 y 2005. Ambos, según fuentes del Gobierno valenciano, fueron acompañados por sus respectivos abogados a la sede de la Policía Judicial de en Valencia.
A penas 24 horas después, los agentes judiciales se han desplazado hasta las oficinas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. para interrogar a los técnicos que participaron en la redacción de los contratos con el Instituto Nóos para la organización del Valencia Summit. Por estas jornadas sobre grandes eventos deportivos y turismo, la entidad presidida por Iñaki Urdangarín recibió, entre 2003 y 2006, un total de 3,7 millones de euros por organizar tres ediciones del certamen y por los trabajos relacionados con la candidatura de los Juegos Europeos. Los tres certámenes celebrados en Valencia costaron 900.000 euros anuales, financiados al 50% por la fundación municipal Valencia Convention Bureau y por Cacsa. Pero también se pagaron cientos de miles de euros en gastos de desplazamiento y alojamiento de los participantes, recoge El País.
Según reconoció el propio Consistorio de Valencia, su fundación pagó, en concepto de gastos, 148.000 euros en 2004 y 215.000 euros al año siguiente. Por su parte, Cacsa, según fiscalizó entonces la Sindicatura de Comptes, abonó otros 343.000 euros en gastos durante dos años. Los juegos europeos nunca se celebraron. El presupuesto del evento fue de más de tres millones de euros de los que, al menos, se pagaron 382.000 euros.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias subrayó que no se había producido "ningún registro" en sus oficinas por parte de la Policía Judicial, a la que tampoco se había procedido a la entrega de "ningún tipo" de documentación "ya que no ha sido requerida", según se indicaba en el comunicado de Cacsa.
Fuentes conocedoras de esta actuación señalaron que los agentes y el fiscal comprobaron documentación con personal de los departamentos jurídicos, protocolo y eventos.
Por su parte, el Consell manifestó que no tiene conocimiento de ningún auto de imputación del Juzgado de Instrucción número tres de Palma de Mallorca a exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno valenciano.
Las mismas fuentes precisaron que ningún juez había interrogado a ninguno de estos directivos y recordó que este sería el único órgano competente para hacerlo, ya que el fiscal no puede imputar procesalmente a nadie y las declaraciones que se efectúen ante él "en concepto de investigado carecen de valor procesal de imputación".
Asimismo, manifestaron su respeto a la presunción de inocencia de toda persona, "pero aún más en el caso de unas personas a las que ningún juez se ha dirigido o ha recibido declaración".
