La reforma de la Política Agraria Común (PAC) recibió ayer una lectura distinta por parte de los sindicatos, la Junta y la organización agraria COAG, que destacaron que Andalucía es la única que pierde fondos de desarrollo rural (el 10 por ciento) y ve peligrar el empleo por un recorte en las ayudas que podría llegar a 600 millones; y el Gobierno central, que puso énfasis en que es la comunidad que más dinero recibe. Asaja consideró que el reparto ha quedado bien teniendo en cuenta de dónde veníamos y adónde podíamos haber ido.
UGT Andalucía estimó que 100.000 trabajadores agrarios podrían quedarse sin empleo, el 20 por ciento, y consideró bastante significativo que las comunidades menos afectadas por la pérdida de fondos sean precisamente las del PP y Cataluña, mientras Andalucía es la gran perjudicada, por lo que exigió al Gobierno de Rajoy que aplique medidas correctoras. ¿Los 500.000 trabajadores agrarios andaluces tienen menos derechos?, se preguntó el secretario de la federación de Industria y Trabajadores Agrarios, Pedro Marcos, que calificó de vergonzosa la postura del ministro Miguel Arias Cañete, con la zanahoria en España y el palo en Bruselas.
Según sus estimaciones, se podría perder un 20 por ciento de los empleos en el campo, y eso de entrada porque si luego finalmente se consolida esta drástica rebaja de fondos, muchos agricultores andaluces abandonarán sus cultivos y habrá más paro indirecto.
En la gravedad del impacto estuvo de acuerdo la responsable de Agroalimentario de CCOO-A, Mónica Vega: Aún lo estamos estudiando pero creo que va a ser peor de lo que pensamos; nos vamos a quedar cortos en las cifras que se están dando, porque se piensa en las empresas pequeñas, pero el 50 o el 60 por ciento se ayudan de estos fondos, y no tenemos ni idea de cuántas empresas podrían sostenerse sólo con fondos propios.
Por cultivos, consideró igual de grave la eliminación de todas las ayudas porque queramos o no Andalucía es el huerto de España y desgraciadamente no se sostiene por sí sola. Los precios que se pagan en origen son irrisorios porque el mercado está muy monopolizado. Vega consideró que el reparto de la PAC se desvirtuó desde el momento en que las ayudas no están ligadas al empleo e insistió en que con cada pequeño y mediano agricultor, caerán 50 o 100 trabajadores.
COAG Andalucía se centró en la pérdida de fondos, que calculó en 600 millones por encima de los 418 que había estimado la Junta, 248 de ellos en los planes de desarrollo o segundo pilar, los que más merman, y acusó al Gobierno de robar el futuro de los agricultores y ganaderos y de mentir al haber asegurado que la comunidad no perdería fondos. El secretario general de COAG-A, Miguel López, rechazó un diseño que responde a criterios políticos y no sectoriales ni profesionales y que machaca a la agricultura y ganadería. La organización insistió en que las ayudas asociadas no atienden a sectores en peligro de abandono o especialmente perjudicados por la reforma, sino que el ministro ha buscado sectores para arrancar presupuesto de Andalucía y colocarlo en otros territorios.
COAG advirtió de que el dinero para ayudas acopladas se recorta de los fondos que recibe el conjunto de los productores, por lo que se debe afinar cuánto se detraerá para que no haya trasvase de fondos de los agricultores y ganaderos que realizan una actividad productiva y generadora de empleo hacia otros beneficiarios, lo que consideraron igual de injusto que el trasvase a otros territorios.
La Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, ARA, calificó el reparto de bofetada y maltrato a Andalucía y de vuelta a la política más sectaria y cainita. La consejera de Agricultura, Elena Víboras, coincidió en su lectura sobre el reparto político puro y duro de los fondos, que quita a Andalucía para dárselo a otras comunidades del PP, y mostró su enfado, decepción y sensación de que se nos ha tomado el pelo.
A esto, y a la petición de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de hacer un frente común contra el reparto de la PAC en el Parlamento andaluz, respondió la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, que negó que se pierdan 160 millones de euros en ayudas directas y pidió a Díaz y Víboras que abandonen el giro de confrontación contra el Gobierno central. Crespo dijo que en el Gobierno del PSOE, con la posibilidad de la tasa plana, Andalucía hubiera perdido 1.336 millones de ayuda directa, y cuando el ministro llegó a la negociación se encontró con una negociación difícil a la que logró darle la vuelta. Recordó que Andalucía es la que más recibe en desarrollo rural, 1.906 millones, el 23,7%
Asaja ya minimizó el martes el impacto del recorte en las ayudas, del 1,6% en total, y estimó que en desarrollo rural no se perderá tanto porque hay 600 millones del ejercicio actual aún sin gastar.
