Uno de los abogados citados ayer como testigos en la causa abierta por la jueza Mercedes Alaya para investigar la supuesta venta irregular de los suelos de Mercasevilla ratificó ayer que tanto la fórmula del concurso público, por la que se optó, como la adjudicación directa eran «viables». Igualmente, otro de los testigos citados, un técnico de Urbanismo, confirmó a la magistrada que la licencia concedida a Sanma, la filial de la constructora Sando a la que se le adjudicó el concurso, «no era contraria a la legalidad». La titular del Juzgado de Instrucción número 6 citó ayer a cuatro testigos, en una ronda de declaraciones que se completa con otros tres citados para hoy y con la que, probablemente, ya ponga fin a la investigación de esta rama del caso en la que están imputados 16 altos cargos y funcionarios municipales, entre ellos el ex primer teniente de alcalde y portavoz de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos, y los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán. Según la jueza, que llegó a dictar auto de procesamiento pero ha continuado con la instrucción, todos ellos habrían hecho «un concurso a la medida» para Sanma y valoraron las ofertas «beneficiando ilegítimamente» a esta inmobiliaria, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 millones de su principal competidora, Noga. Uno de estos testigos que declararon ayer fue el abogado de Mercasevilla Armando Rozado, quien señaló que realizó varios informes en sobre la venta del solar de la lonja, el primero de ellos avalaba la adjudicación directa de los mismos, aunque luego realizó otro en el que indicaba que era igual de «viable» la opción del concurso, por la que se optó finalmente. Asimismo, el jefe técnico de Urbanismo, Juan Mauduit, dijo que si la licencia fue otorgada a Sanma y no a la anterior propietaria de los terrenos, Larena 98, fue porque a ésta le faltaba el proyecto de ejecución y el estudio de detalle, documentos que sí que aportaría Sanma. Otros dos testigos un abogado y el entonces director de Administración de Urbanismo, explicaron que no intervinieron en los hechos.
