La "desaceleración" de la campaña electoral se ha convertido en el discurso político de la Junta en "crisis" cien días después de la toma de posesión de los consejeros. Cien días de aterrizaje en sus nuevas responsabilidades marcados por las turbulencias económicas.
"Reconozco que se está produciendo un ajuste más intenso, más fuerte que el previsto inicialmente, con efectos muy graves en relación al crecimiento económico y el paro". Manuel Chaves pronunció esas palabras en el Parlamento andaluz el pasado 29 de mayo. Ese día, en el diario de sesiones de la Cámara quedó escrito que el presidente de la Junta utilizó por primera vez la palabra "crisis" para referirse a la situación económica que, durante la campaña electoral y las primeras semanas de la legislatura, sólo era reconocida como un momento de desaceleración, superable en pocos meses.
Pero más allá de la terminología económica empleable para el caso, en estos cien días que se cumplen el martes desde que el Gobierno de Manuel Chaves tomó posesión el pasado 21 de abril, los consejeros de la Junta han ido incorporando de forma progresiva a su discurso político la preocupación por la crisis.
Abordarla y minimizarla, dice la Junta, ha sido el principal objetivo de un Consejo de Gobierno renovado al 50%, cuyo aterrizaje se ha producido en plena escalada de indicadores económicos negativos.
El 22 de abril decidió corregir las previsiones de crecimiento de Andalucía para este año. Las rebajó un punto: del 3,4% del PIB al 2,4%, en el nivel más bajo de la última década en Andalucía. Y por eso aprobó, el pasado 3 de junio, un paquete de medidas para dinamizar la economía, la primera gran medida del Ejecutivo autonómico de la nueva legislatura, que se planteó en los mismos términos que la última gran decisión que había tomado el equipo de Chaves antes de las elecciones para hacer frente la coyuntura económica.
El nuevo Consejo de Gobierno, reunido por primera vez en Almería, aprobó el 3 de junio una variada gama de medidas para dar un empujón a la economía de las empresas del maltrecho sector de la construcción (acelerando las licitaciones de obra pública, por un importe de 700 millones), a la actividad de sectores auxiliares (poniendo en marcha un plan de rehabilitación de vivienda o de reforma de hoteles) y dando un respiro a las economías familiares.
A través de un decreto-ley -para acortar los plazos, aunque el texto del Gobierno fue validado después por el Parlamento- se dio luz verde a rebajas fiscales que suponen, según la Junta, un ahorro a los andaluces de 34 millones, al tiempo que aprobó el aumento en 300 euros más de las becas Erasmus para evitar que la crisis impida que los estudiantes hagan un curso en otro país europeo.
Muchas miradas han estado dirigidas en estos cien días al nuevo departamento del Gobierno, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que dirige Juan Espadas. La Junta le dejó planteada en el mandato anterior la hoja de ruta, la marcada por el Pacto por la Vivienda que selló con sindicatos, empresarios, entidades financieras y ayuntamientos.
Con todos ellos se ha reunido Espadas en estos cien días en los que ha logrado el sí de todos para el Plan de la Vivienda 2008-2012, que prevé construir 132.000 VPO, cien mil de ellas en la legislatura (que termina un poco antes). En pleno parón de la construcción, entiende que ha de suponer un revulsivo para el sector.
En el haber del flamante consejero -que actúa bajo la supervisión directa de Griñán- están la recomposición de la relación con la patronal de la construcción -que mantuvo una guerra abierta con la Junta en la pasada legislatura a cuenta del POTA-, lograr amarrar el apoyo de las cajas de ahorros en su apuesta por la VPO y haber recuperado la normalidad institucional con Marbella, el municipio que más dolores de cabeza ha dado al urbanismo de Andalucía.
Fruto también de la buena interlocución con los agentes económicos es el pacto sobre el Plan de Infraestructuras de Andalucía, el último que se financiará con fondos de la UE y que ha logrado el aval de empresarios y sindicatos.
Nada de eso ha sido suficiente para la oposición. Con la huelga de transportes por medio, la crisis ha sido su principal argumento en estos cien días, siempre con un discurso: los andaluces van a pagar las consencuencias. Frente a esto, la Junta ha puesto el acento en la austeridad de los gastos públicos y en la garantía de que, pese a las estrecheces, no se recortarán las prestaciones sociales. Es raro el día que algún consejero no ha repetido en público esta idea.
El temor a un clima de desconfianza generalizado no ha dejado de pesar desde que prometieron o juraron sus cargos. Medidas como la aprobación de un decreto para garantizar medicamentos gratis a los bebés intentan neutralizar esta percepción.
