La vuelta a la normalidad fue ayer la nota dominante en los aeropuertos españoles a pesar de ser la jornada de retorno del Puente de La Inmaculada. Una tranquilidad que contrasta con los primeros días del mismo, cuando el caos aéreo de apoderó del país por el abandono masivo de los controladores de sus puestos, lo que provocó la declaración por parte del Gobierno del estado de alarma para terminar con esta situación.
Llega la hora de responder. Un centenar de controladores comenzará a declarar a partir de hoy ante la Fiscalía de Madrid por un delito de sedición con motivo del abandono de sus puestos de trabajo el pasado viernes, alegando la falta de adecuación de sus condiciones psico-físicas para el desempeño del cargo, confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El Ministerio Público acordó el sábado citar a declarar a todos aquellos controladores que abandonaron sus puestos de trabajo para valorar si los hechos pudieran ser constitutivos del delito de sedición previsto en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.
La citación se enmarca en las diligencias de investigación número 322/10 incoadas este viernes como consecuencia de los hechos ocurridos en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Torrejón de Ardoz a raíz del abandono de sus funciones por parte de los controladores aéreos.
El Ministerio Público argumenta su posición en la finalidad de averiguar "las causas de dicho abandono, dada la gravedad de los hechos y como consecuencia de los informes iniciales elaborados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".
A la vista del resultado de las diligencias que se han acordado, la Fiscalía de Madrid adelantó que adoptará las medidas que estime procedentes con el rigor y la proporcionalidad adecuados a las conductas desplegadas y al gran número de ciudadanos perjudicados en sus derechos.
Una vez decretado el estado de alarma, los controladores pasan a ser movilizados, por lo que podrían haber incurrido en un delito de "sedición" previsto en el Código Penal Militar.
Este delito viene recogido en el artículo 91 del citado Código en el que se establece que "los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, rehusaren obedecer las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de uno a diez años de prisión, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a quince cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición y, en todos los casos, si se trata de oficiales o de suboficiales".
En este sentido, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que será la Justicia la que diga "si hay que pagar y, en su caso, quién paga". Así se manifestó en una entrevista en RNE, en la que afirmó que lo ocurrido el pasado viernes y sábado no es más que un episodio "de una guerra que trata de desmontar un edificio de privilegios que se ha construido durante muchos años" por parte de los controladores.
El vicepresidente primero reiteró que a quienes montaron el caos "no les puede salir gratis" y tendrán que dar cuenta de sus responsabilidades porque no se puede abandonar el puesto de trabajo "y dejar a los ciudadanos tirados".
Así, explicó que hay una vía laboral abierta así como dos judiciales, que son las correspondientes a las que ha iniciado la Fiscalía General del Estado para reclamar las responsabilidades penales y otra civil para que los que se sientan perjudicados acudan.
"Todo eso está en marcha", dijo Rubalcaba, quien indicó que hay muchos juzgados trabajando al mismo tiempo por el caos aéreo.
"La Justicia será la que diga si hay que pagar y, en su caso, quién paga", aseveró el vicepresidente primero del Gobierno.
Aeropuertos: Normalidad tras el caos
Las carreteras, el tráfico aéreo y los ferrocarriles funcionaron ayer con normalidad en las últimas horas del puente más largo del año, que comenzó con el caos aéreo, cientos de miles de viajeros tirados en los aeropuertos y que finalizó con los problemas propios de cualquier fin de semana.
Cinco días después de que los controladores se levantaran inesperada y masivamente de sus puestos de trabajo, lo que obligó a cerrar el espacio aéreo durante 20 horas, los aeropuertos operaban sin problemas, salvo algunos ligeros retrasos motivados, sobre todo, por el mal tiempo.
Para la jornada de ayer estaban programados 4.576 vuelos, de los que se habían operado 2.843 hasta las 19.00 horas.
Zapatero: Da explicaciones en el Congreso
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá hoy ante el pleno del Congreso para dar explicaciones sobre las razones que llevaron al Ejecutivo a decretar el pasado sábado el estado de alarma, por primera vez en democracia, tras el cierre del espacio aéreo.
La sesión plenaria comenzará a las diez de la mañana, con una exposición por parte de Rodríguez Zapatero, después de la cual intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios, de mayor a menor, durante diez minutos cada uno.
El pleno fue convocado por el presidente del Congreso, José Bono, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y en el Reglamento de la Cámara Baja, tras recibir la comunicación del Gobierno con el decreto del estado de alarma y después de consultar con el propio Zapatero y con el líder de la oposición, Mariano Rajoy.
