Pese a que se venía pidiendo desde hace más de dos años, hasta el pasado jueves no se puso en funcionamiento el segundo juzgado de vigilancia penitenciaria de la ciudad. El atasco y el colapso del actual es tal que un centenar de presos han tenido que pasar las fiestas navideñas entre rejas porque sus solicitudes de permisos no han podido ser resueltas a tiempo. Y es que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria cerró el ejercicio con la cifra récord de 13.000 asuntos, 3.000 más que en 2009, año en el que ya duplicó los casos recibidos con respecto al anterior.
Fuentes del juzgado explicaron a este periódico que van a cerrar el año con unos 2.000 expedientes atrasados: "Es algo que nunca nos había pasado, pues estábamos al día". El juzgado ya trabajaba en 2007 con un porcentaje del 200% superior al módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), situación que se agravó en 2008 con la apertura de la prisión de Morón de la Frontera y el Centro de Inserción Social. Esto ha provocado que la magistrada Carmen Jesús Ruiz Mesa tenga que atender a 3.700 presos cuando el número por órgano debe ser de 1.000. Este juzgado es el que tiene la competencia para conceder los permisos de los que pueden gozar los presos o, por ejemplo, las libertades condicionales, entre otras cuestiones.
El problema de saturación se agravó en diciembre de 2010 "porque es el mes en el que recibimos más solicitudes de permisos de cara a las fechas navideñas". "Siempre habíamos resuelto a tiempo, unos favorables y otros no, pero este año ha pasado la Navidad y hay unas 100 solicitudes que no han sido revisadas", señalan en el juzgado, conscientes y preocupados por la merma que esto supone para los derechos de los reclusos. "La situación es vergonzosa", se lamentan. Del mismo modo, la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, que ha supuesto la revisión de sus condenas a centenares de presos, ha aumentado más aún la carga. "Los juzgados de lo penal han tenido que revisar sus ejecutorias, pero al final todo nos llega a nosotros", apostillan.
El Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía pusieron en marcha el 30 de diciembre de 2010 el segundo juzgado, que realmente ya comenzará a funcionar este año. Sin embargo, su eficiencia es cuestionada por el actual órgano, ya que "nos han quitado a tres funcionarios que pasarán al nuevo, cuando aquí hay trabajo atrasado para un año". De esta forma, cada juzgado contará con una plantilla de ocho funcionarios en lugar de 11 como hasta ahora, "lo que para nosotros supone una merma importante". Pero además aún no hay designado ni magistrado ni secretario para este nuevo órgano, con lo que la puesta en marcha no será efectiva. Salvo que otro juez y otro secretario se hagan cargo provisionalmente de visar los asuntos de este juzgado, que serán los que lleguen de Morón de la Frontera.
También temen que con la inauguración del nuevo órgano les sea retirado el refuerzo con el que cuentan desde septiembre de 2009 y que fue prorrogado hasta marzo de 2011. Este servicio de apoyo está conformado por un magistrado y un secretario de otros juzgados que, en horario de tarde y tras finalizar su jornada laboral, se dedican a resolver algunos asuntos de vigilancia penitenciaria. "Se hacen cargo aproximadamente de un tercio de los expedientes", pero el problema es que el atasco ya era "descomunal" cuando llegó el refuerzo.
De hecho, el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su memoria de 2009 alertaba de la situación, destacando que el juzgado resolvía casi el triple de asuntos de los que debía. Para comprender la caótica situación del juzgado sólo hay que mirar las cifras de 2007, cuando el número de asuntos ingresados era de 5.040 y resolvía 5.050. En 2009 fueron 10.300 asuntos, mientras que en 2010 se superaron los 13.000. Con este panorama, el TSJA señaló en su memoria que Sevilla necesitaría casi cuatro juzgados para solventar la situación.
