Miguel Carcaño se enfrenta a una petición de pena de hasta 52 años de cárcel.
Las acusaciones del caso Marta del Castillo, la Fiscalía y la familia de la joven han presentado esta semana sus abultadas peticiones de penas contra el autor confeso del crimen, Miguel Carcaño. El fiscal ha pedido 52 años de cárcel para él por los delitos de asesinato, dos de agresión sexual y otro contra la integridad moral. La familia solicita 50 años, por los mismos delitos a excepción del último, aunque en su lugar reclama uno de profanación de cadáver. Pero lo cierto es que Carcaño no podrá pasar más de 25 años en la cárcel. Es decir, que con 45 años saldrá a la calle.
¿Por qué? La clave está en el límite máximo de cumplimiento que establece el Código Penal. La norma general es que un preso no puede pasar más de 20 años en la cárcel, aunque hay excepciones que elevan a cinco años la privación de libertad.
Según el artículo 76 del Código Penal, "cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con penas de hasta 20 años", el límite se establece en 25 años.
El Código Penal también recoge varios supuestos que permiten elevar el tiempo en prisión hasta los 40 años. Uno de ellos es en los casos de terrorismo, pues sin un preso ha cometido dos o más delitos de este tipo y uno de ellos está penado con 20 años o más, se da este supuesto. El otro es para los casos de gravedad, en los que el preso haya sido condenado a varios delitos y dos de ellos estén penados con penas superiores a 20 años.
¿Para qué pedir entonces una pena tan alta si no es real? Carcaño no ha cometido un sólo delito, sino varios. Si uno de ellos no alcanzara los 20 años de prisión, el joven podría pasar solo 20 años o menos en la cárcel.
Pero la principal diferencia es el cumplimiento íntegro de la pena máxima sin beneficios penitenciarios, o lo que es lo mismo, sin reducción de condena. Es decir, si Miguel fuera condenado a las penas que reclaman las acusaciones y, tal y como pide la Fiscalía, se le aplican los 25 años de máximo en prisión, es muy probable que no sea excarcelado hasta que no haya cumplido esos 25 años íntegros.
Al joven se le aplicaría la denominada doctrina Parot establecida por el Tribunal Supremo en 2006, gracias a la cual es posible que los beneficios penitenciarios se apliquen al total de la condena impuesta al acusado y no teniendo en cuenta el límite de cumplimiento, que en este caso serían 25 años. Antes de esta doctrina se tenía en cuenta este límite legal, con lo que el preso salía con la condicional sin llegar si quiera a los 25 años.
En la práctica, esta nueva doctrina permite que los reclusos cumplan íntegramente el máximo previsto, ya que las posibles reducciones de penas se contabilizan sobre la pena total, que en este caso sería sobre los 50 ó 52 años a los que puede ser condenado.
El otro punto conflictivo de la calificación de la Fiscalía es la petición del coste de la búsqueda del cuerpo de la joven en el río, en el vertedero y en Camas y que asciende a más de 616.000 euros.
Hay juristas que creen que no se les puede reclamar porque supone la práctica de una prueba más, pero el Ministerio Público entiende que es un coste creado por no desvelar dónde está un cuerpo y por mentir varias veces sobre su localización. Ya hay varias peticiones similares pero aún no hay sentencias.
El único supuesto similar, según la Fiscalía, son las reclamaciones de los gastos generados por rescates dificultosos, como los accidentes de alpinistas, pero, claro está, se trata de un contexto diferente.
