En los combates de boxeo, dicen los expertos, los últimos asaltos son siempre los mejores: los púgiles están extenuados, bailan torpemente sobre el cuadrilátero y pegan al bulto, pero cuando dan es para ganar por KO.
Al juicio del caso Malaya le ha pasado lo mismo: tras más de un año de sesiones en las que se ha ventilado ya todo el blanqueo de capitales, ayer comenzó el bloque más esperado, el de los sobornos de empresarios a Juan Antonio Roca y los concejales, aunque, si hubo un boxeador que resultó ayer ganador, a los puntos eso sí, fue el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero que ha logrado que el empresario Ismael Pérez Peña admita haber sobornado al exasesor de Urbanismo y a la exalcaldesa Marisol Yagüe, metiendo además en el ajo a los exediles José Jaén e Isabel García Marcos y al exsecretario municipal Leopoldo Barrantes.
Pérez Peña tiene el dudoso honor de romper el pacto de silencio oficioso que había entre los exconcejales marbellíes y algunos empresarios, y ahora se espera, según fuentes consultadas por este periódico, que "los acuerdos vayan cayendo en cascada". La Opinión de Málaga tuvo ayer acceso al documento firmado por la Fiscalía Anticorrupción y Pérez Peña. En él, el madrileño admite haber pagado 180.000 euros en septiembre de 2005 a Roca y a Yagüe, un pago vinculado a su intención de que el Ayuntamiento le abonara la deuda de un millón y medio de euros que tenía con él, puesto que se encargaba de surtir de coches al Consistorio, dándole así preferencia.
Asimismo, reconoce Pérez haber regalado tres coches a Yagüe, un Toyota RAV 4, un Kia Sorento y un BMW, entregando ella el segundo a su expareja y el último a uno de sus hijos. Asimismo, puso a disposición de la exregidora, siempre según el documento de la Fiscalía, un cuarto coche, un Lexus. En este sentido, se considera probado que Pérez Peña, enfadado porque no le pagaban, "comunicó a los responsables municipales su intención de acudir a los medios" a denunciar ciertos hechos. El anuncio generó una gran preocupación entre los ediles, "por lo que trataron por todos los medios de calmarlo". Para solventar sus deudas, decidieron adjudicarle el servicio de recogida de vehículos de la vía pública. En esas negociaciones "tuvieron un papel destacado la propia alcaldesa, así como los concejales Victoriano Rodríguez, Isabel García Marcos e incluso Leopoldo Barrantes y Juan Antonio Roca", dice el fiscal.
Ayer también declaró Yagüe, quien culpo de todo al concejal andalucista huido de la justicia. Aseguró: "Carlos Fernández hablaría lo que fuera y aquí estamos todos por culpa de Carlos Fernández, eso lo tengo claro, por la venganza, con muchas mentiras e infamias, de hecho, mira como no lo han encontrado", dijo la exregidora, visiblemente indignada. La venganza la relaciona con el hecho de que prescindiera de los tres ediles del PA en su equipo de gobierno en 2005.
